La presidenta encargada promueve un marco legal para la liberación de actores políticos detenidos desde 1999, estableciendo filtros estrictos contra delitos graves y bajo supervisión de la comisión judicial.
Un nuevo debate sobre la reconciliación política nacional
La Asamblea Nacional de Venezuela ha convocado para este jueves, 5 de febrero de 2026, una sesión de vital importancia para el futuro del clima político en el país. El objetivo primordial es iniciar el debate del anteproyecto de Ley de Amnistía General, una propuesta que busca aliviar las tensiones internas y ofrecer un camino jurídico para la reinserción de diversos actores en la vida pública. Esta discusión ocurre en un contexto institucional clave, donde el Poder Legislativo asume la tarea de revisar las causas judiciales que han marcado la historia reciente.
La iniciativa ha cobrado un impulso definitivo bajo la gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Fue ella quien, en el marco de la apertura del año judicial, planteó la necesidad de un instrumento que permita la liberación de personas detenidas por motivos políticos. El proyecto tiene una cobertura histórica extensa, ya que propone revisar expedientes que datan desde el año 1999 hasta la actualidad. Para la presidenta encargada, esta medida representa un esfuerzo por consolidar la estabilidad del Estado y cerrar ciclos de confrontación que han afectado la convivencia ciudadana.
Restricciones legales y exclusiones en el proyecto de ley
A pesar del enfoque de perdón, el texto presentado ante la plenaria es enfático en señalar que no habrá impunidad para delitos de lesa humanidad o crímenes de violencia extrema. El proyecto de ley de amnistía general excluye de manera categórica a todas las personas que enfrenten procesos o sentencias firmes por homicidio, narcotráfico o violaciones graves a los derechos fundamentales. Con esta estructura, se busca que el beneficio sea aplicado únicamente a delitos de conciencia o faltas conexas que no comprometieron la vida de otros ciudadanos.
El debate legislativo se centrará en asegurar que los criterios de selección sean transparentes y ajustados a la ley. La intención es que la amnistía funcione como un catalizador de paz, pero manteniendo la integridad del sistema de justicia venezolano. Al limitar el beneficio a delitos de naturaleza política, el gobierno de la presidenta encargada intenta demostrar que el perdón no es sinónimo de debilidad institucional, sino una herramienta de alta política para pacificar los sectores más radicalizados del espectro nacional.
Implementación y vigilancia de los beneficios judiciales
Una vez que la Asamblea Nacional avance en la aprobación de los artículos, la ejecución de la ley quedará bajo la lupa de la Comisión de Revolución Judicial y el Programa para la Convivencia y la Paz. Estas organizaciones serán responsables de auditar cada caso de forma individual, garantizando que el espíritu de la norma se cumpla sin excepciones indebidas. La supervisión técnica es fundamental para que el proceso goce de la credibilidad necesaria ante los organismos internacionales y la propia ciudadanía.
Por su parte, el ministro de Interior y Justicia y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ha respaldado la discusión afirmando que la ley permitirá revisar la situación de aquellos que han cometido faltas en el marco de la lucha política. Con la sesión de hoy, el Palacio Federal Legislativo inicia un proceso que podría cambiar significativamente el panorama social del país, bajo la directriz de la presidencia encargada y el apoyo de las fuerzas parlamentarias mayoritarias.
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