El nuevo instrumento legal busca cerrar heridas políticas y garantizar la convivencia democrática mediante el cese de investigaciones por delitos de origen político.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, procedió este jueves a la sanción de la ley de amnistía para la convivencia democrática. Este instrumento jurídico fue aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional, tras un proyecto que la propia mandataria presentó en enero pasado con el objetivo de fomentar la paz social. Durante el acto protocolar, Rodríguez enfatizó que esta medida es un paso fundamental para superar los conflictos que han marcado la historia reciente del país.
Un paso hacia la reparación de heridas políticas
La mandataria nacional expresó su firme deseo de que este nuevo marco legal permita sanar las fracturas sociales generadas por la confrontación extrema. Según sus palabras, el texto debe servir para reencauzar la justicia y fortalecer los lazos de convivencia entre todos los ciudadanos. La presidenta destacó que la aprobación unánime representa un gesto de madurez por parte de las distintas fuerzas políticas que hacen vida en el parlamento nacional.
Una comisión de diputados, liderada por Jorge Arreaza y Nora Bracho, fue la encargada de trasladar el documento desde el palacio federal legislativo hasta el palacio de Miraflores. Al recibir a la delegación, Rodríguez calificó el momento como un acto de esperanza para la nación, agradeciendo el desprendimiento mostrado por los legisladores. En su discurso, subrayó que el país debe avanzar hacia una cultura donde el perdón y el reconocimiento mutuo sean los pilares de la estabilidad.
Alcance y cronología de los beneficios legales
La normativa tiene como propósito central conceder una amnistía general y plena a ciudadanos procesados o condenados por delitos políticos. El periodo de cobertura establecido abarca desde el primero de enero de 1999 hasta el 30 de enero de 2026. Esto incluye una serie de eventos críticos que han generado tensiones institucionales durante más de dos décadas en el territorio venezolano.
Entre los hitos históricos contemplados se encuentran los sucesos de abril de 2002, las paralizaciones petroleras de finales de ese mismo año y los diversos ciclos de protestas ocurridos en 2014, 2017 y 2019. Asimismo, la ley extiende su alcance a los hechos registrados durante los procesos electorales recientes, incluyendo los eventos de julio de 2024. El objetivo es que ningún ciudadano mantenga causas abiertas por su participación en estas contingencias políticas específicas.
Mecanismos de implementación y seguimiento inmediato
Una vez que la norma entre en vigencia, los cuerpos de seguridad y las instituciones militares deberán finalizar de forma inmediata las investigaciones en curso. Además, los registros y archivos sobre los procesos judiciales de los beneficiados deberán ser eliminados para garantizar el pleno goce de sus derechos civiles. La presidenta encargada instó a las autoridades competentes a actuar con la mayor celeridad posible para que los efectos de la ley se sientan de inmediato.
Para velar por el cumplimiento de estas disposiciones, se ha conformado una comisión especial integrada por 23 parlamentarios de todas las fracciones políticas. Este grupo de trabajo supervisará que cada caso sea procesado bajo los principios de equidad y justicia que dicta el nuevo instrumento legal. Con esta acción, el ejecutivo busca consolidar un clima de paz duradera antes del cierre del periodo fiscal.
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