Representantes gremiales buscan consenso con el gobierno para fijar un sueldo base entre 200 y 450 dólares mensuales.
La discusión sobre el ingreso de los trabajadores venezolanos ha retomado un lugar central en la agenda pública. Tiziana Polesel, Jorge Roig y Tito Blanco, figuras clave de los sectores empresarial y sindical, han analizado recientemente los avances y desafíos de las mesas técnicas que buscan poner fin a una mora salarial que se ha extendido por cuatro años. El objetivo primordial de estos encuentros es establecer un mecanismo sostenible que permita recuperar el poder adquisitivo sin generar desequilibrios inflacionarios que anulen los beneficios obtenidos.
El cumplimiento constitucional como prioridad sindical
Tito Blanco, integrante de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), ha sido enfático al señalar que la situación actual de los empleados públicos y privados requiere una solución inmediata basada en el marco legal vigente. Durante una reciente intervención en medios de comunicación, Blanco destacó que existe una oportunidad histórica para que el Ejecutivo Nacional cumpla con el mandato del artículo 91 de la Constitución, el cual establece que todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad.
Para el representante sindical, el punto de partida de la negociación no debería ser inferior a los 200 dólares, con una proyección ideal que escale hacia los 450 dólares mensuales. Según Blanco, este monto permitiría cubrir las necesidades básicas de alimentación y servicios, reduciendo la brecha de desigualdad que se ha profundizado en los últimos años. La meta es transformar la actual estructura de ingresos en un sistema que realmente valore el esfuerzo humano.
Retos financieros y la reforma del sistema de prestaciones
Desde la perspectiva técnica y empresarial, Jorge Roig, consejero de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha planteado una visión pragmática sobre los obstáculos que impiden un aumento masivo bajo las reglas actuales. Roig advierte que el sistema de retroactividad de las prestaciones sociales representa una carga financiera que el Estado y muchas empresas privadas no pueden asumir en el contexto económico presente.
El consejero de la OIT sostiene que cualquier incremento, por pequeño que parezca, tiene un impacto exponencial debido a los pasivos laborales acumulados. Por esta razón, propone una revisión técnica y desapasionada de la ley orgánica del trabajo. El objetivo sería adaptar la normativa a la realidad de un país bajo sanciones y con una liquidez restringida, permitiendo que el flujo de caja se traduzca en salarios directos para el trabajador en lugar de acumularse en deudas futuras impagables que paralizan la contratación.
Hacia la eliminación de la bonificación del ingreso
Tiziana Polesel, vicepresidenta de Fedecámaras, ha centrado su postura en la necesidad de devolverle la integridad al concepto de salario. Actualmente, una parte mayoritaria del ingreso de los venezolanos se percibe a través de bonos que no computan para el cálculo de vacaciones, utilidades o prestaciones. Polesel cuestiona este modelo, argumentando que el trabajador merece un sueldo real que fortalezca su seguridad social a largo plazo.
La dirigente gremial celebra que los canales de comunicación con el sector legislativo se mantengan abiertos, pero insiste en cambiar el enfoque de la discusión. Para la vicepresidenta de la principal cámara empresarial del país, la meta no debe ser simplemente fijar un salario mínimo de subsistencia, sino trabajar en políticas que permitan alcanzar salarios máximos. Esto solo se logrará mediante una economía productiva que fomente la inversión y garantice que el esfuerzo de la fuerza laboral se refleje fielmente en su calidad de vida.
www.diariorepublica.com
