El presidente de la Asamblea Nacional admitió que existen casos donde la normativa se ejecutó de forma distorsionada y llamó a rectificar.
Durante una reciente sesión de trabajo legislativo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, realizó un pronunciamiento significativo respecto al marco legal que rige la convivencia ciudadana en el país. El parlamentario reconoció abiertamente que, en diversas circunstancias, se han presentado situaciones donde la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia ha sido aplicada de manera inadecuada, alejándose del espíritu original para el cual fue redactada.
Rodríguez enfatizó que cualquier instrumento jurídico, por noble que sea su fin, corre el riesgo de ser instrumentalizado si no existen mecanismos de control estrictos. Según sus declaraciones, es imperativo realizar una revisión profunda de los casos donde la interpretación de la norma pudo haber vulnerado derechos o generado confusiones en el sistema de justicia, asegurando que el objetivo del estado debe ser siempre la protección y no la arbitrariedad.
La necesidad de un marco jurídico más preciso
El líder del parlamento señaló que la ley fue concebida en un momento de alta polarización política con la intención de frenar la violencia y los discursos que incitaban a la agresión entre ciudadanos. No obstante, admitió que el dinamismo de la sociedad actual exige que estas herramientas se mantengan en constante evaluación. Para Jorge Rodríguez, reconocer las fallas no debilita a la institución, sino que fortalece la democracia y la confianza del pueblo en sus representantes.
En este sentido, se espera que las comisiones correspondientes inicien un proceso de consulta técnica para identificar los puntos ciegos de la normativa. El objetivo planteado es evitar que la ley se convierta en una zona gris donde la libre expresión pueda ser confundida con la promoción del odio, estableciendo límites claros que permitan a los funcionarios judiciales actuar con total transparencia y apego a la constitución.
Hacia una reforma que garantice la justicia social
La propuesta de corrección no solo busca ajustar el texto legal, sino también mejorar los protocolos de actuación de los organismos de seguridad y entes encargados de procesar las denuncias. Jorge Rodríguez insistió en que «hay que corregir» lo que se ha hecho mal, priorizando la reparación de posibles injusticias y asegurando que la normativa cumpla exclusivamente su función de prevenir delitos de odio reales, como el racismo o la discriminación profunda.
Finalmente, el presidente de la Asamblea Nacional hizo un llamado a todos los sectores políticos y sociales a participar en un debate constructivo sobre este tema. La intención es que la reforma de la ley nazca de un consenso amplio que priorice la convivencia pacífica. Con este paso, el gobierno legislativo busca cerrar brechas de desconfianza y demostrar que la autocrítica es una herramienta fundamental para el perfeccionamiento del estado de derecho.
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