La Asamblea Nacional dio luz verde inicial a la modificación de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria para flexibilizar precios, ampliar los plazos de entrega y estimular la cartera crediticia pública y privada. Con estas reformas, se busca crear un entorno de seguridad jurídica para que el sector privado participe activamente en la edificación de las 25.000 viviendas estimadas para las familias damnificadas por el terremoto del pasado 24 de junio.
La Asamblea Nacional de Venezuela (AN) aprobó por unanimidad este martes 14 de julio, durante su primera sesión de debate ordinario, un proyecto de reforma legal de alto impacto que busca simplificar y acelerar la edificación masiva de soluciones habitacionales en el país. La iniciativa responde directamente a la contingencia generada por el doble sismo del pasado 24 de junio, tras el cual el Ejecutivo interino liderado por Delcy Rodríguez calcula una necesidad urgente de aproximadamente 25.000 nuevas residencias familiares.
El diputado Pedro Infante, primer vicepresidente del Parlamento, fue el encargado de presentar el proyecto durante la sesión transmitida a nivel nacional. Infante destacó que la modificación a la Ley contra la Estafa Inmobiliaria tiene como prioridad estratégica «promover la construcción de nuevas viviendas con un enfoque adaptado a los nuevos tiempos», agilizando los mecanismos de inversión que han permanecido paralizados o ralentizados por regulaciones rígidas.
Uno de los ejes medulares de la propuesta radica en desarticular las regulaciones de precio cerrado, que históricamente impedían indexar o absorber las variaciones de costos en los insumos y materiales de construcción durante el desarrollo de los proyectos. Con el nuevo marco jurídico, que deberá superar una segunda discusión formal antes de su entrada en vigor, compradores y promotores inmobiliarios podrán pactar libremente cláusulas de compensación o de estabilización financiera adaptadas a las condiciones reales del mercado.
Adicionalmente, el proyecto suprime el restrictivo límite de culminación de obras que anteriormente obligaba a las empresas a terminar los desarrollos habitacionales en un plazo máximo de 24 meses, un factor que desalentaba significativamente la inversión a gran escala. La propuesta legislativa contempla también incentivos financieros para que tanto la banca pública como la privada participen de forma decidida en la concesión de créditos constructores, eliminando penalizaciones estatales que se consideraban desproporcionadas.
Por su parte, la bancada de la oposición, representada en la sesión por la diputada Alejandra Rodríguez, respaldó el avance de la discusión catalogándolo como una ventana idónea para actualizar las leyes del sector. Rodríguez insistió en que el producto final debe consolidar un equilibrio saludable entre el derecho social a una vivienda digna, la defensa absoluta de la propiedad privada, la certidumbre para la inversión y la seguridad jurídica.
La legisladora opositora hizo un llamado a integrar a todos los sectores civiles, tales como la Cámara Inmobiliaria, la Cámara de la Construcción, gremios técnicos, así como agrupaciones de propietarios e inquilinos, en las jornadas de consulta pública que se iniciarán de manera inmediata. De acuerdo con su intervención, un marco de leyes estables solo nacerá de una discusión transparente que recoja las distintas experiencias de los sectores productivos del país.
La celeridad de este debate parlamentario coincide con los preparativos logísticos del Estado. El pasado sábado 11 de julio, el presidente del cuerpo parlamentario, Jorge Rodríguez, enfatizó que la escala de daños del desastre natural requerirá erigir al menos 25.000 viviendas nuevas. Para organizar este esfuerzo habitacional, el diputado anunció el inicio de un despliegue de registro biométrico enfocado en los ciudadanos alojados en los 107 campamentos provisionales instalados en Caracas, Miranda y el estado La Guaira, siendo esta última entidad el epicentro de la devastación estructural.
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