Sumario:
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presentó ante el parlamento una modificación legal que institucionaliza los contratos de participación productiva para atraer nuevas inversiones y superar la meta de producción petrolera alcanzada en 2025.
Un nuevo marco jurídico para la expansión energética
La presidenta encargada hizo entrega formal del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos ante la directiva del parlamento venezolano. Esta iniciativa tiene como propósito fundamental blindar la estructura económica del país mediante la creación de un entorno legal seguro y atractivo para el capital extranjero y nacional. Según detalló la mandataria, la modificación está diseñada para captar flujos de inversiones destinados específicamente a nuevos campos petroleros que, hasta la fecha, han permanecido inactivos o carentes de desarrollo técnico.
El enfoque central de esta reforma es la diversificación de los actores en el sector primario. Al permitir que el capital privado asuma un rol más dinámico, el estado busca asegurar que la riqueza del subsuelo se traduzca en ingresos constantes para el tesoro nacional, minimizando los riesgos operativos y financieros que anteriormente recaían exclusivamente en el sector público.
El éxito de los contratos de participación productiva
Durante su intervención, Rodríguez profundizó en la relevancia de los denominados contratos de participación productiva, conocidos técnicamente por sus siglas como cpp. Este esquema no es una improvisación, sino que representa la evolución de un modelo que ya ha demostrado su eficacia en el terreno operativo.
“Es un modelo que está previsto en la Ley Antibloqueo y a través de este modelo, se alcanzaron inversiones similares y cercanas a los 900 millones de dólares en el año 2025”, explicó la presidenta encargada. Estas cifras no solo representan un ingreso de divisas, sino que se materializaron en una recuperación real de la infraestructura, permitiendo que la producción nacional escalara hasta alcanzar el millón 200 mil barriles diarios durante el ejercicio anterior.
La reforma busca elevar este mecanismo de una medida coyuntural a una norma de carácter permanente dentro de la ley sectorial, otorgando así la máxima seguridad jurídica a los socios estratégicos que deseen comprometer capital a largo plazo en la faja petrolífera y otras cuencas del país.
Colaboración entre el sector público y privado
Finalmente, la mandataria destacó que los logros alcanzados hasta el momento son el resultado directo de un esfuerzo conjunto entre inversionistas nacionales e internacionales. El reconocimiento de este modelo como motor del crecimiento energético es lo que motiva la entrega de este proyecto de reforma legislativa.
Con este paso, la presidencia encargada reafirma su compromiso con la estabilización macroeconómica, utilizando el sector de los hidrocarburos como la palanca principal para el financiamiento del desarrollo social. Se espera que el parlamento inicie el debate de esta propuesta de manera inmediata, dada la urgencia de mantener el ritmo de crecimiento proyectado para el presente año y consolidar la soberanía energética en un mercado global cada vez más demandante.
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