La delegación nacional presentó en Viena los ajustes estructurales orientados a optimizar la celeridad procesal y denunció el impacto de las sanciones.
Presentación de la consulta nacional en Viena
Venezuela presentó ante la Organización de las Naciones Unidas en Viena, Austria, los avances alcanzados en la consulta nacional para la reforma de la justicia penal, proceso que inició en el país el pasado 1 de junio. Esta iniciativa busca dar prioridad a la celeridad procesal, el fortalecimiento de la integridad de los tribunales y la erradicación de la criminalización de la pobreza, según refiere un informe oficial de la cancillería venezolana. El foro internacional sirvió de escenario para exponer la ruta legal que el país ha diseñado en materia de derechos procesales.
La presentación del instrumento se realizó formalmente durante el debate general del trigésimo quinto período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal. La delegación nacional estuvo representada por la embajadora y representante permanente ante los organismos internacionales con sede en Viena, Claudia Salerno, quien coordinó la exposición de los motivos y el alcance de las transformaciones jurídicas que se ejecutan en el territorio venezolano.
Participación institucional y modificaciones de ley
Durante su intervención, Salerno subrayó que los poderes legislativo y ejecutivo convocaron la consulta para detectar puntos críticos en el área penal con la intervención directa de defensores, jueces, fiscales y comunidades organizadas. Este enfoque participativo pretende corregir nudos burocráticos y unificar los criterios de atención en las sedes judiciales de toda la nación.
En este sentido, la diplomática destacó que la Asamblea Nacional aprobó recientemente la reforma parcial de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Dicho instrumento legal, promulgado por el ejecutivo nacional en mayo de 2026, establece una serie de ajustes técnicos orientados a optimizar los tiempos de respuesta del sistema penal y civil. Asimismo, Venezuela reafirmó su compromiso con los principios de la Declaración de Kioto de 2021, destacando que la prevención del delito debe apuntalar hacia la construcción de sociedades equitativas y pacíficas.
Impacto de las sanciones en el sistema judicial
Por otra parte, la delegada venezolana denunció ante la plenaria que la aplicación de medidas coercitivas unilaterales debilita directamente el funcionamiento de las instituciones judiciales del país. Explicó que estas sanciones financieras obstaculizan la capacidad material del Estado para combatir el delito, al crear cercos económicos que limitan la cooperación internacional y restringen el acceso a nuevas tecnologías necesarias para la digitalización de los expedientes y juicios.
Por tal motivo, la delegación nacional hizo un llamado firme a la comunidad internacional a cumplir con las obligaciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El objetivo final de este exhorto es garantizar que los recursos destinados a la asistencia y cooperación técnica sean sostenibles, previsibles y se ejecuten sin condicionamientos políticos de ningún tipo.
Finalmente, Venezuela reiteró en el foro que la lucha contra el crimen organizado y el delito es una responsabilidad compartida globalmente. Esta tarea exige, según la postura expuesta, un enfoque integral y coordinado que actúe en plena conformidad con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional contemporáneo.
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