
María Corina Machado cuestiona la viabilidad de juzgar a Nicolás Maduro en Venezuela, argumentando que la falta de independencia judicial impide un proceso justo, mientras reafirma su respaldo a la justicia internacional en vísperas de la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.
Una respuesta contundente desde la capital estadounidense
La líder de la oposición venezolana y ganadora del premio nobel de la paz, María Corina Machado, fijó este miércoles 28 de enero de 2026 una postura firme frente a las recientes declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro. El mandatario colombiano sugirió que Nicolás Maduro debería ser devuelto a Caracas para enfrentar procesos legales en tribunales locales, una tesis que Machado calificó de inviable dada la crisis institucional que atraviesa la nación caribeña. Desde Washington, donde cumple una agenda estratégica con el departamento de estado, la dirigente subrayó que la propuesta ignora la realidad política de un sistema judicial que, según sus palabras, opera como un brazo ejecutor del poder ejecutivo.
El dilema de la independencia judicial en Venezuela
Durante su intervención ante los medios, Machado cuestionó la imparcialidad de cualquier proceso llevado a cabo bajo el actual esquema institucional venezolano. La dirigente recordó que el sistema de justicia en su país ha estado bajo la influencia directa del chavismo durante décadas, lo que anula cualquier garantía de transparencia o debido proceso. Según Machado, es contradictorio proponer que las mismas instituciones que han sido señaladas por perseguir a la disidencia sean ahora las encargadas de impartir justicia sobre los máximos responsables de la crisis. Para la líder opositora, la propuesta de Petro no solo es técnica y jurídicamente frágil, sino que pone en riesgo la integridad de los pocos funcionarios que intentan actuar bajo el imperio de la ley.
La presión sobre los magistrados y el sistema interno
En un tono crítico, la líder política señaló que pocos jefes de estado conocen la naturaleza del sistema venezolano como el presidente Petro. No obstante, sugirió que el mandatario parece ignorar los peligros reales que enfrentan los jueces en Venezuela. Machado enfatizó que cualquier magistrado que decida emitir una sentencia contraria a los intereses del gobierno corre el riesgo inmediato de ser encarcelado o perseguido. Bajo este escenario de coacción, la dirigente planteó una pregunta directa al mandatario colombiano sobre la legitimidad de los jueces que pretenderían procesar a Maduro. Esta falta de autonomía es, para la oposición, el principal obstáculo para cualquier intento de justicia soberana.
El respaldo a las instancias de justicia global
Frente a la tesis de la justicia interna, la ganadora de las primarias de 2023 defendió la actuación de los organismos internacionales. Machado sostuvo que la justicia global ha intervenido conforme a derecho tras años de documentación rigurosa sobre violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Para la líder venezolana, la aplicación de la ley a nivel internacional no es una intromisión, sino una respuesta necesaria ante la incapacidad de los tribunales nacionales para actuar. En este sentido, agradeció que los mecanismos transnacionales sigan operando, especialmente cuando los delitos denunciados tienen un impacto que trasciende las fronteras de Venezuela.
Contexto diplomático y la cumbre Petro-Trump
Esta tensión dialéctica ocurre en un momento geopolítico clave, a pocos días de la reunión programada entre Gustavo Petro y Donald Trump. Se anticipa que Petro intentará convencer a la administración estadounidense de adoptar su visión de justicia soberana y amnistía como herramientas para la estabilidad regional. Sin embargo, Washington ha mantenido hasta ahora una postura firme respecto a procesar a Maduro en suelo estadounidense. El resultado de este encuentro en la casa blanca será determinante para definir si la comunidad internacional mantendrá la presión judicial externa o si se abrirá espacio a las fórmulas de transición propuestas por el gobierno colombiano.
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