El icónico cantante español Julio Iglesias se enfrenta a un complejo escenario legal luego de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abriera diligencias de investigación penal por presuntos delitos de agresión y acoso sexual. Las acusaciones, que involucran incidentes en sus residencias de Punta Cana (República Dominicana) y Bahamas, surgen de una exhaustiva investigación conjunta realizada por elDiario.es y Univisión Noticias.
Relatos de violencia y hostigamiento
El expediente se fundamenta principalmente en los testimonios de dos antiguas colaboradoras: una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta. Ambas describen un entorno laboral tóxico, caracterizado por el control absoluto, humillaciones y episodios de violencia física y verbal.
Los puntos más críticos de la denuncia incluyen:
Agresión Sexual: Una de las denunciantes afirma haber sido forzada a mantener relaciones sexuales con el artista en 2021. Para entonces, ella tenía 22 años y el cantante 77.
Sometimiento continuado: Relatos de tocamientos no consentidos y la exigencia de acudir a la habitación del intérprete fuera del horario laboral.
Sistema de contratación cuestionable: La investigación revela que el proceso de selección de personal femenino incluía la solicitud obligatoria de fotografías de cuerpo completo y rostro, prescindiendo a menudo de entrevistas profesionales presenciales.
Tres años de investigación periodística
El trabajo de campo, que se extendió por más de 36 meses, recabó testimonios de 15 exintegrantes del personal que trabajaron para Iglesias entre 1990 y 2023. Según los medios responsables, la coherencia de los relatos está respaldada por una robusta carga probatoria que incluye:
Registros telefónicos y mensajes de WhatsApp.
Informes médicos y fotografías.
Documentación de visados y registros de estancia en las propiedades de Lyford Cay y Punta Cana.
Fase procesal y reserva legal
Tras recibir la denuncia formal el pasado 5 de enero, el Ministerio Público español ha calificado las actuaciones como reservadas y en fase preprocesal. El objetivo es determinar la veracidad de los hechos y la posible responsabilidad penal del artista, en un caso que ha conmocionado a la opinión pública internacional.
Las denunciantes sostienen que estas conductas eran del conocimiento de personas encargadas de la gestión del hogar y la contratación, sugiriendo una estructura de encubrimiento dentro de las residencias del artista.
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