El equipo legal del artista emprende acciones judiciales contra la vicepresidenta tras sus declaraciones públicas, alegando una lesión grave a su honor y reputación institucional.
La defensa jurídica de Julio Iglesias ha formalizado una demanda contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, tras las declaraciones en las que la política se refirió al cantante como un “abusador sexual”. El escrito, presentado por el prestigioso abogado José Antonio Choclán, sostiene que la titular de trabajo ha incumplido abiertamente sus deberes institucionales como alto cargo del Estado, al ignorar la obligación de respetar el derecho fundamental a la presunción de inocencia.
Un presunto quebrantamiento de deberes institucionales
Según el texto de la demanda, la vicepresidenta habría actuado de forma negligente respecto a su posición pública. La defensa argumenta que cualquier representante del Estado tiene el deber de abstenerse de realizar manifestaciones que prejuzguen a un ciudadano, especialmente en casos de gran repercusión mediática. El documento subraya que Díaz tiene la obligación de respetar la presunción de inocencia tanto en su dimensión procesal como social.
El letrado Choclán afirma que la demandada emitió ante la opinión pública prejuicios claros de culpabilidad contra Iglesias. Esta actitud, señala el escrito, contraviene las directrices del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dicho organismo establece que cuando la vulneración de la presunción de inocencia proviene de los poderes públicos, se produce una lesión directa al honor y la reputación de la persona afectada, independientemente de si existe un proceso judicial abierto.
La ausencia de antecedentes e investigaciones previas
Uno de los puntos clave de la estrategia legal de Julio Iglesias es la aclaración de su situación jurídica real. El equipo legal enfatiza que el cantante nunca ha tenido la condición de investigado, ni siquiera la de sospechoso, en relación con los hechos mencionados por la vicepresidenta. Esta distinción es crucial para demostrar que las palabras de Díaz carecen de base fáctica y se basan únicamente en interpretaciones subjetivas o informaciones no contrastadas.
La defensa busca proteger la imagen del artista, alegando que señalar a una persona con términos tan graves sin una sentencia —o siquiera una investigación en curso— supone un castigo social injustificado que un cargo público no puede promover.
Acciones contra la denuncia de las extrabajadoras
El origen de este conflicto se remonta a las acusaciones vertidas por dos antiguas empleadas, cuya denuncia fue archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional el pasado 23 de enero. Tras este cierre, los abogados de Iglesias han pasado semanas analizando el recorrido judicial para limpiar el nombre del cantante.
Actualmente, la defensa ha solicitado al ministerio público el acceso íntegro a las actuaciones realizadas antes del archivo del caso. El objetivo es determinar si las extrabajadoras, que contaron con la condición de testigos protegidos, incurrieron en un delito de denuncia falsa. Con esta información, el equipo legal pretende cerrar definitivamente el círculo de acusaciones que ha rodeado al artista en los últimos meses.
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