El Ministerio Público de Chile formalizó este lunes 24 de agosto y en ausencia a dos ciudadanos venezolanos identificados como Marcos de Jesús Reyes Acosta y Willasander Tejedor Ruiz, acusados de delitos de blanqueo de capitales asociados a la organización criminal «Tren de Aragua». Con esta acción judicial, autorizada por el tribunal de garantía, la justicia chilena busca gestionar formalmente la extradición de los implicados, quienes actualmente se encuentran detenidos por las autoridades migratorias en Estados Unidos tras ser detectados mediante una alerta de Interpol.
Las investigaciones transnacionales en contra de las estructuras financieras de las organizaciones delictivas registraron un nuevo avance judicial en la nación austral, apuntando directamente a presuntos operadores de blanqueo de capitales vinculados a redes internacionales.
Imputación y ruta de la extradición
Durante la audiencia celebrada este lunes, la justicia chilena dio luz verde a la solicitud interpuesta por la fiscalía local. El fiscal Milibor Bugueño detalló ante los medios de comunicación que el tribunal evaluó positivamente los elementos probatorios presentados, dando por acreditada la participación de los sospechosos en los hechos punibles y justificando la necesidad de requerir su repatriación judicial.
Los ciudadanos requeridos son:
Marcos de Jesús Reyes Acosta (35): Señalado como presunto accionista y propietario único de una empresa utilizada como fachada dentro del esquema de lavado de activos.
Willasander Tejedor Ruiz (44): Acusado de fungir como testaferro para la red criminal.
Ambos sujetos permanecen bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) tras activarse los mecanismos internacionales de alerta a través de Interpol, lo que permitió su ubicación en territorio norteamericano.
Millonario esquema de lavado y conexiones internacionales
De acuerdo con los expedientes de la causa, la red criminal desmantelada habría logrado sustraer de Chile aproximadamente 78.000 millones de pesos chilenos (equivalentes a unos 90 millones de dólares), utilizando principalmente transacciones en criptomonedas para burlar los controles financieros.
Las pesquisas revelaron que los fondos ilícitos, obtenidos mediante actividades de extorsión y otros delitos, eran canalizados hacia uno de los cabecillas de la estructura identificado como Carlos «El Bobby» Gómez, quien actualmente se encuentra recluido en una prisión de Colombia. Con esta nueva diligencia procesal, el caso suma presión sobre la red tras el operativo de junio pasado, cuando ya habían sido formalizados otros 17 presuntos integrantes, de los cuales 14 permanecen bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
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