El gobierno de Pekín respaldó firmemente a La Habana tras la imputación estadounidense contra Raúl Castro, calificando el proceso como un abuso de las herramientas judiciales.
El gobierno de la República Popular China formuló este jueves 21 de mayo un llamado enérgico a la administración de los Estados Unidos para que detenga el uso de lo que denominó el “garrote judicial y de sanciones” en contra de Cuba. El pronunciamiento surge como respuesta oficial tras conocerse la reciente imputación penal presentada por los tribunales estadounidenses contra el expresidente cubano Raúl Castro, relacionada con el derribo de dos aeronaves civiles en el año 1996.
Durante una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, enfatizó que la nación asiática mantiene una postura firme de rechazo hacia la aplicación de medidas coercitivas unilaterales que carezcan de sustento en el derecho internacional, así como al uso de pretextos legales por parte de potencias extranjeras para ejercer mecanismos de presión política sobre la isla caribeña.
«Estados Unidos debe dejar de blandir el garrote de las sanciones y el garrote judicial, y dejar de recurrir a amenazas de uso de la fuerza», aseveró Guo ante los medios de comunicación, ratificando el apoyo irrestricto de Pekín a la soberanía, autodeterminación y dignidad nacional del pueblo cubano frente a cualquier tipo de injerencia externa.
Escalada de tensiones bilaterales
La postura de la diplomacia china se produce pocas horas después de las declaraciones emitidas el miércoles 20 de mayo por el fiscal general interino de los Estados Unidos, Todd Blanche. El funcionario estadounidense manifestó públicamente la expectativa de Washington de que Castro, de 94 años de edad, comparezca ante los tribunales norteamericanos «por su propia voluntad o de otra forma», tras formalizarse los cargos por el incidente de la organización «Hermanos al Rescate». Por su parte, el gobierno de La Habana desestimó categóricamente los señalamientos, calificando el juicio como un nuevo acto de hostilidad política.
Analistas internacionales advierten que la imputación contra Castro, quien abandonó la jefatura de Estado de la isla en 2019, representa un peldaño más en la campaña de presión económica y diplomática en la región. Esta estrategia se ha agudizado de manera notable en los últimos meses tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas, traduciéndose en renovadas advertencias y restricciones energéticas que han acentuado las dificultades operacionales y de suministro en el Caribe.
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