
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha escalado la tensión diplomática con Estados Unidos al ordenar la suspensión inmediata de toda comunicación y colaboración entre los organismos de inteligencia colombianos y las agencias de seguridad de Washington. La drástica medida es una respuesta directa a los recientes ataques con misiles perpetrados por fuerzas estadounidenses contra lanchas sospechosas de narcotráfico en aguas del Caribe y el Pacífico, acciones que el mandatario ha calificado como «crímenes de guerra».
El anuncio, realizado a través de su cuenta oficial en la red social X, marca una fractura histórica en uno de los pilares de la cooperación antinarcóticos que ha definido la relación bilateral durante décadas.
«He ordenado suspender el envío de comunicaciones y cualquier trato con agencias estadounidenses mientras persistan los ataques con misiles contra embarcaciones en el Caribe. La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño», sentenció el jefe de Estado colombiano.
Tensión por las «ejecuciones extrajudiciales»
El pronunciamiento de Petro se inscribe en un creciente malestar regional por las operaciones militares que, según informes internacionales, son lideradas por Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Cifras manejadas por el gobierno colombiano y citadas en medios regionales indican que los bombardeos habrían dejado un saldo de más de 70 muertos y al menos 20 embarcaciones hundidas desde septiembre.
El presidente colombiano ha sido un crítico vocal de estas acciones, acusando a Washington de aplicar una política de «exterminio» bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y de violar el derecho internacional y la soberanía de los pueblos caribeños. Expertos de la ONU habrían calificado estos ataques cinéticos como «ejecuciones sumarias», un argumento que refuerza la posición de Bogotá.
Aislamiento diplomático y el precedente británico
La decisión colombiana de detener el flujo de información de inteligencia —que se aplica a «todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública»— no es un hecho aislado. La medida se produjo poco después de que el Reino Unido anunciara una suspensión similar.
Según reportes, el gobierno británico frenó el intercambio de inteligencia con Washington sobre embarcaciones sospechosas en el Caribe, alegando que no desea ser «cómplice de ataques militares ilegales». Este distanciamiento de dos aliados históricos subraya el aislamiento diplomático al que se enfrenta Estados Unidos en esta controversial campaña militar.
Analistas en seguridad han advertido que la interrupción de la cooperación de inteligencia podría tener «implicaciones gravísimas» para la seguridad nacional colombiana y para las operaciones conjuntas. El intercambio de datos entre la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional de Colombia y sus contrapartes estadounidenses ha sido crucial para rastrear rutas y estructuras criminales transnacionales, especialmente en el Pacífico y La Guajira.
La postura de Gustavo Petro refuerza el eje de su política exterior que promueve la paz, la soberanía y el respeto a la vida por encima del modelo punitivo antidrogas, y plantea serios interrogantes sobre el futuro de los acuerdos de seguridad entre ambos países en medio de una escalada diplomática sin precedentes.
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