La medida cautelar, emitida por la congresista del Pacto Histórico Gloria Arizabaleta, apartaría al mandatario de sus funciones hasta el cierre de la segunda vuelta presidencial el 21 de junio, alegando presunta intervención en política.
En un hecho sin precedentes en la historia republicana de Colombia, la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, dictó este miércoles 10 de junio un auto de sustanciación que ordena la “suspensión provisional” del jefe de Estado, Gustavo Petro Urrego. La medida busca apartar al mandatario de su cargo de manera inmediata mientras avanza un proceso disciplinario en su contra por presunta participación indebida en la contienda electoral.
La decisión, firmada por una legisladora perteneciente al propio partido de gobierno (Pacto Histórico), fija el cese temporal de las funciones presidenciales hasta el próximo domingo 21 de junio a las 4:00 de la tarde, momento exacto en el que concluirán las votaciones de la segunda vuelta presidencial. Al tratarse de una medida cautelar de urgencia, la resolución advierte de forma explícita que contra ella no procede recurso ordinario alguno.
El argumento jurídico del choque de poderes
La congresista Arizabaleta fundamentó la contundente resolución en el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019, argumentando la existencia de «serios elementos de juicio» derivados de las recientes interacciones del mandatario en sus plataformas digitales. Según el auto, la continuidad de Petro en el ejercicio del poder político «posibilita la interferencia» en el desarrollo de la investigación y pone en riesgo la estricta neutralidad que deben mantener los funcionarios públicos durante los comicios.
La medida califica la conducta bajo estudio como una «falta gravísima». No obstante, el alcance real y la validez jurídica de esta ordenanza han encendido un inmediato debate institucional en el país, dado que la Constitución de Colombia estipula una inmunidad y un fuero especial (artículos 175 y 199), según los cuales el Senado de la República es la única instancia con la potestad definitiva para suspender o destituir a un mandatario en ejercicio.
Recta final de una campaña polarizada
La apertura de esta investigación penal y disciplinaria se remonta al pasado 26 de mayo, tras múltiples denuncias sobre el uso de canales oficiales para incidir en favor de la candidatura oficialista.
Este sismo político ocurre a escasos días de que los colombianos acudan a las urnas el 21 de junio para dirimir la sucesión presidencial entre dos proyectos de país marcadamente opuestos:
Abelardo de la Espriella: Abogado de tendencia ultraderechista (movimiento Defensores de la Patria), quien lideró la primera vuelta con 10,3 millones de votos (43,78 %).
Iván Cepeda: Senador de izquierda (Pacto Histórico), quien escoltó al puntero con 9,7 millones de sufragios (40,98 %).
Mientras la capital colombiana asimila las implicaciones de esta histórica decisión y se dirimen las competencias legales de la suspensión, el presidente Gustavo Petro se encuentra en la ciudad de Nueva York, donde tiene previsto intervenir este mismo miércoles ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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