El presidente Rodrigo Paz queda facultado para declarar el estado de excepción y limitar libertades democráticas ante las masivas movilizaciones que exigen su renuncia inmediata.
El poder legislativo de Bolivia modificó el marco legal vigente para otorgar poderes extraordinarios al Ejecutivo en medio de una profunda crisis social. El Congreso de Bolivia abrió este martes la vía para que el presidente Rodrigo Paz pueda declarar un estado de excepción constitucional. Esta medida le permitiría desplegar a las fuerzas armadas y restringir libertades civiles clave, con el objetivo de contener las masivas protestas callejeras que exigen su salida del cargo.
Cambios en el marco legal
La decisión representa un giro radical en la política de seguridad del país andino. Con más de dos tercios de los votos a favor, la Cámara de Diputados eliminó una normativa restrictiva que limitaba desde el año 2020 la capacidad de la presidencia para aplicar estados de excepción. La propuesta ya había sido suprimida previamente por el Senado, por lo que Paz queda ahora con el camino libre para decretar la medida de emergencia.
Detalles de la sesión parlamentaria
El proceso legislativo avanzó de forma acelerada debido a la presión de la coyuntura política actual. Queda sancionada la presente ley, afirmó el jefe legislativo Roberto Castro, al cierre de una tensa jornada de discusión. El pronunciamiento se dio tras más de cinco horas de debate en una sesión virtual extraordinaria, a la que asistieron 117 de los 130 diputados que integran la cámara baja. La secretaría de la institución precisó de manera oficial que la reforma fue adoptada con un respaldo superior a los dos tercios requeridos.
Impacto y proyecciones inmediatas
La aprobación de esta ley altera el equilibrio de fuerzas en el escenario político boliviano. La oposición y diversos movimientos sociales han criticado duramente la medida, advirtiendo que la intervención militar podría derivar en una escalada de violencia y en la vulneración de los derechos humanos de los manifestantes. Por su parte, el oficialismo justifica la reforma penal argumentando la necesidad urgente de restablecer el orden público, proteger la infraestructura del Estado y reactivar la economía nacional, paralizada por los constantes bloqueos de carreteras y disturbios en las principales ciudades.
A partir de este momento, la aplicación del estado de excepción queda bajo la estricta discrecionalidad del mandatario. La ciudadanía y los observadores internacionales aguardan el próximo pronunciamiento de Paz, quien deberá decidir cómo y cuándo implementará estas nuevas facultades en un territorio visiblemente polarizado.
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