La Fiscalía del Corea del Sur solicita la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol
En una jornada que marca un hito en la historia judicial reciente de Asia, la fiscalía de Corea del Sur solicitó formalmente este martes la pena capital para el expresidente Yoon Suk Yeol. La petición se fundamenta en las acciones tomadas por el exmandatario en diciembre de 2024, cuando decretó de manera sorpresiva la ley marcial, un acto que los fiscales califican hoy como un intento de insurrección destinado a quebrar el orden democrático del país.
Durante la audiencia celebrada en Seúl, el equipo del ministerio público fue contundente al describir las motivaciones de Yoon. Según los fiscales, el exjefe de Estado, de 65 años, actuó movido por una «sed de poder» con el objetivo claro de instaurar un régimen dictatorial. La acusación subrayó que el acusado no ha mostrado signos de arrepentimiento, a pesar de que sus decisiones pusieron al país al borde de un conflicto civil y amenazaron la estabilidad de las instituciones constitucionales.
Origen de la crisis
El caso se remonta a la noche del 3 de diciembre de 2024. En un mensaje televisado que conmocionó a la nación, Yoon Suk Yeol anunció la imposición de la ley marcial, alegando que la oposición parlamentaria estaba paralizando el gobierno y colaborando con fuerzas antiesatales. Inmediatamente después del anuncio, unidades militares se desplegaron hacia la asamblea nacional en Seúl, intentando bloquear el acceso a los legisladores.
Sin embargo, la medida fue efímera. En un acto de resistencia civil y política, un grupo de diputados logró burlar el cerco militar para ingresar al hemiciclo y votar por la anulación inmediata del decreto. Ante la presión social masiva y la falta de apoyo dentro de las propias filas militares y judiciales, Yoon se vio obligado a dar marcha atrás apenas unas horas después de su proclama inicial.
Un proceso judicial sin precedentes en la democracia surcoreana
Tras el fallido intento de ley marcial, Corea del Sur entró en un periodo de turbulencia política que culminó en abril de 2025, cuando el tribunal constitucional ratificó la destitución de Yoon. Desde entonces, el exmandatario ha permanecido bajo custodia mientras se preparaba el caso en su contra por cargos de rebelión y abuso de autoridad.
Es importante destacar que, aunque la pena de muerte sigue existiendo en el código penal de Corea del Sur, el país no ha ejecutado a ningún prisionero desde el año 1997. Por esta razón, la solicitud de la fiscalía se interpreta más como una declaración simbólica de la gravedad de los hechos que como una certeza de su aplicación física. La comunidad internacional observa con atención este proceso, que pone a prueba la solidez de la justicia en una de las democracias más vibrantes de la región.
Expectativa ante el veredicto final en febrero
El juicio ha generado una profunda división en la opinión pública. Mientras los sectores progresistas exigen el máximo castigo por lo que consideran una traición a la patria, algunos grupos conservadores advierten sobre las consecuencias de una sentencia tan extrema. Se espera que el tribunal emita su veredicto definitivo en febrero de este año.
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