La crisis de derechos humanos en Ecuador ha alcanzado un punto crítico con la confirmación de la muerte de Efraín Fueres, comunero indígena, por impacto de bala en Cotacachi, provincia de Imbabura. El fallecimiento, ocurrido en el marco de las protestas antigubernamentales que cumplen siete días, ha generado una condena inmediata y enérgica por parte de organismos de las Naciones Unidas (ONU), quienes exigen al Gobierno de Daniel Noboa poner fin a la represión.
Denuncias nacionales y evidencia del uso letal de la fuerza
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) han rechazado categóricamente el suceso, señalando el uso letal e ilegítimo de la fuerza.
Inredh exige una investigación inmediata y transparente para determinar responsabilidades en el crimen, mientras reporta a una persona más en estado grave.
La Conaie denunció que durante la noche y la madrugada, un convoy de seguridad, compuesto por militares y policías, ingresó a comunidades como Ilumán y Cotacachi, empleando bombas lacrimógenas y munición real contra la población civil.
Alerta y condena directa de la ONU
La situación ha provocado una ola de alertas internacionales contra el Ejecutivo de Daniel Noboa.
Gina Romero, Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica, expresó su profunda preocupación, alertando que el Gobierno ecuatoriano “parece haber emprendido una persecución contra la sociedad civil”.
La funcionaria de la ONU condenó el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias de manifestantes.
Romero calificó el congelamiento de cuentas bancarias de dirigentes indígenas como un «hostigamiento no alineado con estándares internacionales», una táctica de desmovilización que atenta contra la libertad de asociación.
Exigencias clave y postura gubernamental
El Foro Permanente de la ONU sobre Cuestiones Indígenas se sumó a la condena, instando al presidente Noboa a garantizar la libertad de expresión, el derecho a la reunión pacífica y el debido proceso para el centenar de detenidos.
El conflicto se mantiene por la negativa del Gobierno a derogar el Decreto 126, que eliminó el subsidio al diésel. Pese a las alertas internacionales, el presidente Noboa ha justificado la represión, manteniendo una postura inamovible y asegurando que la protesta ha dejado de ser social al vincular a los manifestantes con la minería ilegal y grupos criminales transnacionales como el «Tren de Aragua».
Llamamiento final
La muerte de Efraín Fueres intensifica la crisis humanitaria y la presión internacional. La Conaie ha ratificado la continuidad del Paro Nacional, exigiendo que el presidente Noboa acate las demandas de la sociedad civil y las exigencias de los organismos de derechos humanos para evitar más pérdidas de vidas.
Vía teleSUR/Diario República.com
