El partido opositor asegura que no permitirá la extensión de la tasa aduanera tras el fallo del Tribunal Supremo contra el presidente.
El bloque demócrata frenará la política comercial de la Casa Blanca
Los demócratas en el Senado de Estados Unidos han fijado una postura inamovible frente a la última ofensiva económica del ejecutivo. Este lunes, la bancada opositora advirtió que bloqueará cualquier intento de extender la nueva tasa global del 15 % impuesta por el presidente Donald Trump. Esta medida surge como una respuesta directa del mandatario al reciente fallo del Tribunal Supremo, que invalidó gran parte de su estructura arancelaria previa, dejando al gobierno en una posición legal vulnerable.
La nueva tasa, implementada bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, entrará en vigor este martes. Sin embargo, su naturaleza es temporal: tiene una vigencia de 150 días. Una vez cumplido este plazo, el gobierno de Trump requerirá obligatoriamente el aval del Congreso para prolongar su aplicación. Es en este punto donde la oposición legislativa planea ejercer su poder de veto para detener lo que consideran una política fiscal temeraria.
Schumer denuncia una posible devastación económica para las familias
El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, ha sido el encargado de encabezar la ofensiva retórica y legislativa. «Los demócratas del Senado seguirán luchando contra el impuesto arancelario de Trump y bloquearán cualquier intento de extender estos aranceles perjudiciales cuando expiren este verano. No consentiremos que se agrave la devastación económica propiciada por Trump», declaró el senador neoyorquino con contundencia.
Según Schumer, este gravamen no es más que un impuesto encubierto que recaerá directamente sobre los consumidores. En un comunicado oficial, el líder demócrata argumentó que la tasa de un 15 % provocará un aumento inmediato de los precios en productos básicos, lo que «hará insostenible la vida de millones de estadounidenses» que ya lidian con la volatilidad del mercado. La estrategia demócrata busca presentar la batalla arancelaria no solo como un conflicto legal, sino como una defensa del bolsillo ciudadano.
El origen del conflicto legal tras el fallo del Supremo
La crisis actual se desencadenó el pasado viernes, cuando el Tribunal Supremo invalidó los aranceles impulsados bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA). La corte determinó que el uso de dicha ley para imponer aranceles permanentes suponía una delegación excesivamente amplia del poder tributario, una facultad que la Constitución reserva exclusivamente al Congreso. Los magistrados subrayaron que los aranceles deben ser tratados, a efectos legales, como impuestos a la ciudadanía.
Ante este revés, Trump recurrió a la sección 122 de la Ley de Comercio, una herramienta distinta que le permite actuar de forma unilateral pero limitada en el tiempo. Aunque inicialmente anunció un arancel del 10 %, el sábado decidió elevarlo al 15 %, el máximo permitido por la legislación sin mediación parlamentaria. A pesar de la limitación temporal, el presidente mantiene un tono desafiante. «Como presidente, no tengo que acudir al Congreso para obtener la aprobación de los aranceles», afirmó en su red Truth Social.
Un escenario de incertidumbre para los socios comerciales
La anulación de los aranceles previos afecta a compromisos internacionales de gran calado. Entre los gravámenes invalidados por el Supremo se encuentran la tarifa global base y los aranceles «recíprocos» contra socios estratégicos. También quedaron sin efecto las penalizaciones del 25 % a México y Canadá, así como las tasas del 50 % impuestas a Brasil y la India. El bloqueo demócrata promete ahora convertir el verano legislativo en un campo de batalla que definirá el futuro de la economía global.
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