La Policía Nacional de España arrestó a una pareja que obligaba a una veintena de personas en situación irregular a repartir paquetería a pie. Los trabajadores cumplían jornadas de 14 horas bajo amenaza de severas multas económicas.
Un operativo de la Policía Nacional española culminó con la detención de un hombre de 31 años y una mujer de 29, ambos de nacionalidad española, acusados de someter a cerca de veinte migrantes de origen venezolano y colombiano a condiciones de explotación laboral extrema en la ciudad de Granada.
La investigación penal se inició a principios del pasado mes de marzo, cuando agentes de patrullaje detectaron a una ciudadana extranjera que transitaba por un vecindario granadino arrastrando un carrito sobrecargado de bultos. Tras una entrevista inicial, los funcionarios constataron que la mujer carecía de documentación legal de residencia en el país europeo y que prestaba servicios de mensajería para un contratista local de forma irregular.
A partir de este hallazgo, los investigadores de la Jefatura Superior de Policía lograron identificar a una veintena de víctimas que compartían el mismo perfil de vulnerabilidad socioeconómica y que eran captadas por los ahora detenidos para incorporarlas a su red de distribución informal.
«Ninguno de los empleados contaba con un contrato laboral, cobertura de seguro médico o afiliación al sistema público de la Seguridad Social», informaron fuentes policiales, detallando cómo los empleadores se valieron del estatus migratorio de los afectados para imponer un esquema de trabajo ilegal.
Condiciones abusivas y penalizaciones económicas
El sistema impuesto por los captores obligaba a los repartidores a cumplir jornadas laborales extenuantes de hasta 14 horas consecutivas, de lunes a domingo, sin derecho a días de descanso. Los migrantes debían trasladar a pie más de 50 paquetes por día, recorriendo distancias que promediaban los 16 kilómetros por jornada.
A cambio de este esfuerzo físico, el pago que recibían era mínimo y dependía estrictamente del volumen de entregas efectivas. Además, la pareja de empleadores aplicaba un régimen punitivo que incluía multas económicas arbitrarias de hasta 50 euros si los trabajadores no culminaban las rutas en el horario fijado o si se reportaba el extravío de algún envío.
Los dos detenidos fueron puestos a la orden del Juzgado de Instrucción de Guardia de Granada, enfrentando cargos formales por delitos contra los derechos de los trabajadores, así como infracciones contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
Este procedimiento pone de manifiesto el foco de vigilancia de los cuerpos de seguridad de España frente a los esquemas de precarización laboral que se valen de la vulnerabilidad de las comunidades de migrantes hispanoamericanos en territorio europeo.
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