El ministerio del Interior justifica la lista como uso interno, mientras asociaciones de prensa denuncian una práctica incompatible con el Estado de derecho.
El ministerio del Interior de España pidió disculpas a la prensa y negó cualquier intento de censura tras la revelación de un expediente secreto con valoraciones políticas sobre decenas de informadores. La publicación del caso ha desatado una controversia sobre el respeto a la libertad de expresión en el país, sumando presión sobre un departamento exhausto por la reciente gestión de la crisis migratoria en Ceuta.
Fichas secretas y perfiles ideológicos
La investigación publicada por el diario digital El Confidencial expuso que la secretaría de Estado de seguridad recopiló en secreto un amplio informe con datos personales y análisis de tendencia de directores, columnistas y reporteros en activo. El documento contiene fotografías individuales acompañadas de anotaciones explícitas sobre la línea editorial y posicionamiento ideológico de cada profesional.
Entre las etiquetas asignadas en las fichas internas figuran descriptores como afín al PSOE, tendencia conservadora, centro derecha moderado, extrema derecha o generador de desinformación. La existencia del archivo confirma la creación de una base de datos orientada a fiscalizar las posturas públicas de los comunicadores.
Rechazo gremial e indignación profesional
La reacción del sector periodístico ha sido inmediata. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España emitió una condena formal en la que acusa al ministerio de introducir herramientas de vigilancia y potencial represalia institucional. La entidad gremial subrayó que el registro sistemático de opiniones resulta incompatible con las garantías de un Estado democrático y amenaza directamente el ejercicio del periodismo crítico e independiente.
La difusión del expediente ha generado preocupación en las redacciones, donde se considera que el seguimiento ideológico por parte del poder ejecutivo vulnera el derecho a la información libre de intimidaciones administrativas.
La versión oficial del gobierno
Ante el escándalo, la cartera de Interior emitió un comunicado oficial asegurando que la lista responde exclusivamente a un trabajo técnico confeccionado en 2024 con fines consultivos. La nota sostiene que en ningún momento existió la intención de imponer restricciones, censura previa o límites a la labor informativa de los medios de comunicación.
El departamento gubernamental expresó sus disculpas formales a los profesionales afectados por las valoraciones contenidas en el texto, intentando frenar la exigencia de responsabilidades políticas.
Declaraciones del ministro en Ceuta
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, abordó la polémica durante una intervención pública en Ceuta. El titular de la cartera defendió la integridad de su equipo asegurando que el documento carecía de cualquier finalidad espuria o persecutoria contra la prensa.
Grande-Marlaska enfatizó que la existencia del dosier no se tradujo en un trato discriminatorio entre cabeceras ni condicionó la atención prestada a las solicitudes de información de los distintos profesionales. Pese a las explicaciones, diversos colectivos exigen la destrucción inmediata del archivo y garantías de que no existen registros similares en otras dependencias del Estado.
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