El diálogo entre el Gobierno y los campesinos colombianos de la región del Catatumbo, entraron otra vez en un punto muerto tras una larga reunión en la que ambas partes no alcanzaron ningún acuerdo.
El último encuentro lo sostuvieron este lunes los labriegos con el vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, quien no logró ningún avance, reseñó Prensa Latina.
El representante del Ejecutivo insistió en que los campesinos levantaran los bloqueos de rutas, pero los labriegos reiteraron que lo harán cuando se logre avanzar en algunas de sus exigencias.
A través de un comunicado, publicado en la Agencia de Prensa Rural, los campesinos señalaron que decidieron de manera unánime rechazar la propuesta del presidente Juan Manuel Santos de despejar totalmente la vía Cúcuta-Tibú.
«La movilización se mantendrá hasta que el Estado llegue a acuerdos reales y efectivos que solucionen la emergencia social y económica del Catatumbo», señalaron los agricultores quienes habían expresado su deseo de distensionar las vías para permitir el paso de caravanas humanitarias.
Las protestas en el Catatumbo comenzaron el pasado 10 de junio para demandar la atención del Gobierno ante el abandono de la región.
Los campesinos exigen la suspensión de cultivos ilícitos, la implementación de una Zona de Reserva Campesina, detener el desarrollo de grandes proyectos mineros en la región y la garantía de que se respeten los Derechos Humanos.
Los campesinos esperaban que en las recientes conversaciones el Gobierno se comprometiera al menos en dos acuerdos, una ruta para la declaración de la Zona de Reserva, y subsidios para las víctimas de la erradicación violenta de los cultivos ilícitos.
Entretanto, Garzón dijo en declaraciones a la prensa que el Gobierno puso su empeño pero «los campesinos perdieron la oportunidad y por lo tanto no habrá más conversaciones en el Catatumbo».
«Hasta aquí llega el vicepresidente», señaló, en referencia a que no continuará en la mesa de negociaciones con los campesinos.
Los labriegos ahora temen nuevas represalias por parte de las autoridades, la policía, el ejército y el escuadrón móvil antidisturbios y pidieron garantías en caso de que quieran desalojarlos a la fuerza.
«Si se opta nuevamente por la salida violenta, reiteramos que la vida e integridad de los campesinos es responsabilidad del presidente y su equipo. Santos debe prohibir a la fuerza pública disparar armas de fuego contra la población civil», subrayaron en su comunicado.
Desde el inicio de la huelga campesina en el departamento del Norte de Santander, unas cuatro personas han muerto y más de 50 han resultado heridos de gravedad en medio de la represión policial.