Nueve presuntos miembros de una organización que camuflaba el traslado irregular de extranjeros bajo fals7os «paquetes turísticos» en redes sociales fueron judicializados. La estructura criminal facilitó el paso ilícito de más de 800.000 personas hacia Centroamérica y blanqueó millonarias sumas mediante firmas fachada y la modalidad de «pitufeo».
En un contundente golpe a las finanzas de las mafias que lucran con la crisis humanitaria fronteriza, la Fiscalía General de la Nación imputó a nueve presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de migrantes en los límites de Colombia con Panamá. A los procesados se les acusa de haber blanqueado una cifra cercana a los 100.000 millones de pesos (aproximadamente 29,1 millones de dólares) producto de este negocio ilícito, informó este martes 16 de junio el ente acusador.
La investigación liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos reveló que la red delictiva montó una compleja infraestructura que facilitó la salida irregular de más de 800.000 migrantes a través del golfo de Urabá, en el noroeste del territorio colombiano. Para coordinar los traslados hacia Centroamérica, la organización promocionaba supuestos paquetes turísticos en redes sociales que operaban únicamente como fachada comercial.
Rutas globales y lavado en tiempos de pandemia
Según los reportes de la institución, las bases de operaciones logísticas estaban estratégicamente distribuidas en la subregión costera, principalmente en el municipio de Necoclí (Antioquia), así como en las localidades de Capurganá, Acandí y Sapzurro, situadas en el departamento fronterizo del Chocó. Desde estos puntos fluviales y marítimos se gestionaba el transporte clandestino de ciudadanos provenientes de geografías tan diversas como Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica y China.
Los rastreos financieros evidenciaron el ingreso de los millonarios recursos al sistema bancario formal. Llama la atención de los peritos judiciales que una parte sustancial de estos movimientos de dinero ocurrió durante la pandemia, período en el cual las actividades turísticas comerciales en el país se encontraban totalmente suspendidas por decretos estatales.
Estrategias de blanqueo de capitales
Para ocultar el flujo ilícito de capitales y dar apariencia de legalidad a las ganancias de la red, los investigados presuntamente implementaron múltiples maniobras de blanqueo de activos:
Simulación de operaciones: Constitución legal de supuestas empresas de transporte marítimo y fluvial utilizadas como mampara.
Inyecciones de capital: Depósitos masivos recurrentes y transacciones directas en efectivo.
Pitufeo: Envíos y transferencias bancarias fraccionadas a cuentas de múltiples intermediarios para burlar los topes de fiscalización del sistema financiero.
Adquisición de bienes: Compra masiva de propiedades muebles e inmuebles en diferentes regiones del país.
Ante estos hallazgos, la Fiscalía formuló cargos contra los detenidos por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.
El Darién: el lucrativo negocio del éxodo
El tráfico de personas en el Tapón del Darién, la densa y peligrosa selva que conecta a Colombia con el continente centroamericano, se ha consolidado en los últimos años como una de las economías criminales más rentables de la región, impulsada por miles de personas que buscan llegar de forma irregular a los Estados Unidos.
Cifras históricas de la Defensoría del Pueblo recopiladas en el expediente muestran la magnitud del fenómeno: solo en el año 2023 se registró el paso de más de 520.000 migrantes por esta ruta. Para 2024 —el periodo previo al endurecimiento de las normativas de control migratorio ordenadas por el mandatario estadounidense Donald Trump— el flujo fronterizo superó las 400.000 personas, consolidando un mercado ilícito de masas que estas redes capitalizaban de manera sistemática.
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