El despliegue coordinado entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas movilizará a 40 ciudadanos extranjeros hacia Colombia, Ecuador y Bolivia, marcando el inicio de un cronograma de dos vuelos mensuales.
En lo que representa el primer hito operativo de su política migratoria, el Gobierno del presidente José Antonio Kast puso en marcha este jueves el primer vuelo de expulsión masiva de ciudadanos extranjeros en situación irregular. La medida busca materializar una de las promesas centrales de su programa de gobierno y responder a las crecientes demandas de seguridad pública.
La ruta y el operativo
El despliegue, coordinado por el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fuerza Aérea de Chile, contempla una ruta que se origina en Santiago, realiza una escala técnica en Iquique y continúa su trayecto hacia Colombia, Ecuador y Bolivia.
En total, son 40 personas las que abandonarán el territorio chileno este jueves. Según fuentes oficiales, el grupo está compuesto por ciudadanos de las tres nacionalidades antes mencionadas, quienes cumplen con los criterios administrativos y judiciales para su reconducción.
Nueva estrategia de frecuencia
Tras reconocer recientemente que el proceso de expulsiones no había alcanzado el ritmo previsto, La Moneda ha ajustado su capacidad operativa. A partir de este primer despliegue, el Ejecutivo proyecta un cronograma mucho más agresivo que incluye:
Al menos dos vuelos chárter mensuales.
Traslados terrestres frecuentes en buses hacia los países fronterizos.
Control fronterizo y seguridad
Para las autoridades, este operativo no es solo una medida administrativa, sino una pieza clave en la lucha contra el crimen organizado. El diagnóstico oficial vincula el control riguroso de la migración irregular con la disminución de fenómenos delictivos complejos que han afectado la estabilidad del país en los últimos años.
Con este movimiento, la administración de Kast busca disipar las críticas sobre el desfase entre el discurso de campaña y la ejecución de políticas, enfrentando los desafíos logísticos y judiciales que anteriormente habían ralentizado estos procesos. La Moneda ratifica así su intención de endurecer el control fronterizo como pilar fundamental de su agenda de seguridad nacional.
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