Tras presentarse voluntariamente a una cita administrativa, el Dr. José Gregorio Valera Vera permanece bajo custodia federal, mientras su familia denuncia falta de claridad en el proceso y riesgos para su salud.
La aprehensión del médico venezolano José Gregorio Valera Vera, ocurrida el pasado 19 de marzo durante una entrevista oficial de asilo, ha encendido las alarmas entre organizaciones que defienden los derechos de los migrantes. El caso, que ha dejado a la comunidad médica y a su familia en un estado de incertidumbre, se suma a una preocupante tendencia de detenciones similares de profesionales de la salud en Estados Unidos.
La cronología de un caso inesperado
Según detalló el Dr. William MacMillan Rodney, director de la clínica donde laboraba el profesional en Memphis, el arresto por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se ejecutó tras un ajuste administrativo en la jurisdicción del caso por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
A pesar de que el proceso migratorio estaba en curso —con la familia habiendo completado los protocolos legales y con su esposa ya establecida como residente permanente—, el médico fue trasladado a un centro de detención federal.
“Su asilo no fue rechazado; cumplimos con todos los procedimientos exigidos”, enfatizó su esposa, Karla, quien actualmente encabeza una cruzada legal y humanitaria para lograr su pronta liberación.
Alerta por el estado de salud
Más allá de la complejidad legal, los familiares han expresado una profunda inquietud por el deterioro físico del doctor. Valera Vera padece de escoliosis severa e hipertensión, condiciones que se han visto agravadas en los últimos días por síntomas respiratorios, incluyendo tos y congestión, lo cual ha generado denuncias sobre la atención médica que recibe dentro de las instalaciones federales.
Un impacto humano y profesional
El caso de Valera Vera no es aislado. Organizaciones de apoyo al migrante señalan que este es el tercer médico venezolano detenido en pocas semanas bajo circunstancias de similar opacidad, lo que genera temores sobre un patrón de acción por parte de las autoridades migratorias.
Mientras el Departamento de Seguridad Nacional mantiene silencio sobre las razones específicas que llevaron a esta detención, la familia ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para costear su defensa legal. En casa, el impacto es desgarrador: el hijo de 9 años de la pareja permanece ajeno a la situación, creyendo que su padre se encuentra en una capacitación profesional prolongada, una medida tomada por la familia para preservar la estabilidad emocional del menor.
Se espera que en los próximos días la defensa jurídica presente nuevas solicitudes para revisar el expediente y lograr la liberación del galeno bajo fianza o medidas cautelares.
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