Las FARC tiene el 93 por ciento del control de los cultivos ilegales del departamento de Cauca (suroeste), un corredor estratégico del narcotráfico en donde el grupo ha intensificado sus ataques en los últimos meses, según un informe de la Policía de Colombia revelado hoy por medios locales.
El documento publicado por el diario «El Tiempo» de Bogotá, advierte que el frente sexto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es el encargado de manejar el tráfico de drogas como fuente de financiación en la región, con salida al océano Pacífico.
«Esa organización se ha venido consolidando como el principal articulador de la producción y tráfico de marihuana», indica el documento presentado al Congreso y que está firmado por el director de la Policía, general José Roberto León.
Según León, la intensificación de los ataques guerrilleros en el Cauca busca mantener «el control de las rutas ilegales usadas por el narcotráfico y recuperar espacio en los departamentos de Tolima y Huila (centro-oeste), perdido con la baja de alias ‘Alfonso Cano’, el máximo jefe de esa guerrilla en noviembre de 2011».
«El grupo guerrillero, a través de su capacidad actual, pretende mantener el control de corredores estratégicos para el transporte y comercialización de estupefacientes, armas y abastecimientos en Cauca, Tolima y Huila», precisa el texto.
Pese al accionar de las FARC en la zona, la Policía aseguró que entre 2011 y 2012 han sido destruidos 141 laboratorios, se han incautado 109 toneladas de marihuana y 10 de cocaína, así como 29 kilos de heroína.
«La Policía Nacional, con el fin de fracturar y desestabilizar la principal fuente de financiamiento del terrorismo, y bloquear los corredores estratégicos en esta zona del país, ha concentrado las operaciones antinarcóticos en el departamento del Cauca», afirma el informe.
El documento hace parte de un debate de control político que se realizará la próxima semana en el Congreso para que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos explique lo que realmente pasa en el Cauca y otras zonas del país, en donde además han aumentado los ataques contra la infraestructura eléctrica y petrolera.
dpa