El gobierno de Portugal ha respondido con firmeza a la decisión del Ejecutivo venezolano de revocar la concesión de operaciones a la aerolínea Transportes Aéreos Portugueses (TAP Portugal). Miguel Pinto Luz, ministro de Infraestructuras y Habitaciones, declaró que Portugal no cederá «ante amenazas, ultimátums ni presiones de ningún tipo».
La reacción del ministro se produce un día después de que Caracas revocara las concesiones a varias aerolíneas europeas y latinoamericanas, acusándolas de complicidad con supuestas «acciones de terrorismo de Estado» promovidas por Estados Unidos.
🛡️ Defensa Inquebrantable de la Seguridad Nacional
A través de su cuenta en la red social X, Pinto Luz subrayó que las acciones de su gobierno están guiadas exclusivamente por el «interés nacional superior y la defensa inquebrantable de la seguridad de los portugueses en cualquier parte del mundo».
En materia de aviación civil, el ministro enfatizó que Portugal «respeta las normas internacionales, las mejores prácticas de seguridad y la coordinación con autoridades aeronáuticas competentes», mecanismos diseñados para garantizar la protección de pasajeros, tripulaciones y las propias aerolíneas.
«Portugal es un país libre, soberano y responsable,» afirmó Pinto Luz, asegurando que el país actuará con «serenidad, firmeza y sentido de Estado» para «proteger a nuestros ciudadanos, defender nuestras instituciones y afirmar, sin vacilaciones, la dignidad del país».
🛫 TAP Confirma Falta de Condiciones Seguras
Por su parte, una fuente oficial de TAP Portugal confirmó a la agencia EFE su deseo de continuar sirviendo a la comunidad y la diáspora portuguesa en Venezuela, donde han volado «desde hace 50 años». Sin embargo, la aerolínea aclaró que «no lo puede hacer por el momento por la falta de condiciones de seguridad», impuestas tanto por sus estándares internos como por la Autoridad Nacional de Aviación Civil (ANAC) lusa.
La crisis surgió luego de que la FAA de EE. UU. y las autoridades españolas emitieran avisos de seguridad aérea que advertían «posibles riesgos para la aviación civil» en el espacio aéreo venezolano, llevando a las aerolíneas a suspender sus operaciones pese a la advertencia del INAC venezolano de retomar vuelos en 48 horas bajo pena de suspensión de derechos de tráfico.
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