La mandataria mexicana endurece su postura frente a la administración Trump tras confirmarse la víctima número 14 en centros de detención; el Gobierno de México recurrirá a instancias judiciales y citará al embajador estadounidense para exigir una revisión inmediata de los protocolos migratorios.
La tensión diplomática entre México y Estados Unidos alcanzó un nuevo punto crítico este lunes 30 de marzo. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno dejará atrás las tradicionales notas diplomáticas para implementar «acciones de protesta» mucho más contundentes. Esta decisión surge tras confirmarse el fallecimiento de un ciudadano mexicano que se encontraba bajo la custodia de las autoridades estadounidenses en California, un hecho que la mandataria calificó como inaceptable durante su habitual rueda de prensa matutina, subrayando que no se trata de un incidente aislado sino de una alarmante tendencia bajo el segundo mandato de Donald Trump.
Según los registros oficiales de la cancillería mexicana, con este último caso ya suman 14 los connacionales que han perdido la vida en redadas o bajo la supervisión del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) en lo que va del presente periodo presidencial estadounidense. Ante este escenario, Sheinbaum precisó que México no se limitará a los reclamos habituales, sino que elevará el tono de la exigencia para garantizar la integridad de los migrantes. El epicentro de esta nueva estrategia defensiva será la ciudad de Los Ángeles, donde este mismo lunes se detallarán las medidas de presión en una conferencia de prensa especial.
Entre las acciones legales más destacadas, el Gobierno de México confirmó que intervendrá formalmente mediante la figura de Amicus Curiae en una demanda judicial presentada el pasado 26 de enero ante los tribunales de Estados Unidos. De forma paralela, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, mantendrá una reunión de alto nivel con el embajador estadounidense Ronald Johnson para tratar el tema personalmente. El foco de la controversia se centra en el centro de detención de Adelanto, sitio donde el fallecido permaneció recluido antes de ser trasladado de urgencia a un hospital en Victorville, donde finalmente murió el pasado viernes.
La situación es calificada por la institución mexicana como una crisis humanitaria dentro del sistema de detención de migrantes. El año pasado, las cifras de decesos en estos centros alcanzaron su punto más alto desde 2004, con al menos 30 fallecimientos reportados bajo la política antimigratoria de la administración Trump. Ante este panorama, México ha demandado una auditoría inmediata y exhaustiva del centro de Adelanto, denunciando graves omisiones y deficiencias evidentes en la atención médica que reciben las personas bajo custodia, una exigencia que ahora encabeza la agenda de la administración de Sheinbaum.
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