
La mandataria federal responde a las críticas diplomáticas sobre la estrategia de seguridad y defiende el principio constitucional de no intervención.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instó de forma enérgica al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, a limitarse a la agenda bilateral y respetar los asuntos internos del país. El pronunciamiento surge tras las declaraciones del diplomático norteamericano, quien sugirió excluir el debate político de la estrategia conjunta contra el narcotráfico. Durante su habitual conferencia de prensa matutina en el palacio nacional, la jefa de Estado enfatizó que las decisiones políticas del territorio corresponden exclusivamente a la población mexicana.
Defensa del principio de no intervención
La mandataria mexicana subrayó que la labor diplomática debe restringirse estrictamente a marcos de coordinación y colaboración mutua. Según Sheinbaum, los representantes de México en el extranjero no emiten juicios de valor ni opiniones sobre la política interior de las naciones donde operan, por lo que exigió reciprocidad por parte de la delegación de Washington. La presidenta respaldó su postura citando la constitución general, la cual fundamenta la política exterior del país en la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.
En este contexto, la ejecutiva federal recordó su discurso emitido durante el aniversario de su victoria electoral, espacio donde calificó de injerencistas ciertas conductas de la administración estadounidense. Sheinbaum reiteró su llamado a la ciudadanía para mantenerse informada sobre la defensa de la soberanía nacional, argumentando que mantener una relación armoniosa con el país vecino no implica subordinación ni permisividad ante comentarios externos.
Tensiones por la estrategia de seguridad
El origen de la fricción diplomática se remonta a una publicación en redes sociales donde el embajador Johnson afirmó que la lucha contra los carteles de la droga debe unir a ambos gobiernos en lugar de dividirlos. El diplomático estadounidense señaló que la politización del desafío compartido representa una pérdida de tiempo para consolidar la cooperación fronteriza y garantizar la paz de los ciudadanos.
La controversia escaló debido a las recientes acusaciones formales de la justicia de Estados Unidos contra diez funcionarios públicos mexicanos, entre los que destaca el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Los señalamientos vinculados a delitos de narcotráfico y posesión de armas de fuego han tensado la relación bilateral, un escenario que el gobierno de Sheinbaum busca manejar bajo lineamientos de estricta igualdad jurídica y respeto mutuo entre estados soberanos.
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