El mandatario utiliza la sección 122 por seguridad nacional para esquivar el reciente fallo judicial que invalidaba sus gravámenes globales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado una nueva sacudida en el tablero económico internacional este viernes. Al anunciar la imposición de un arancel global general del 10 %, el mandatario ha decidido ignorar de forma efectiva el reciente revés recibido por parte de la justicia. Para lograr este objetivo, la Casa Blanca ha invocado la sección 122, una normativa que permite actuar ante desequilibrios graves en la balanza de pagos, presentándola como una herramienta esencial para la supervivencia financiera del país.
Esta decisión surge como una respuesta directa y desafiante al fallo de la Corte Suprema que, días atrás, invalidó sus gravámenes globales previos. El mandatario estadounidense ha desestimado las restricciones impuestas por los jueces al reactivar facultades comerciales extraordinarias. Según la administración, estas medidas no son simples impuestos, sino un asunto de seguridad nacional y protección de la soberanía económica frente a competidores extranjeros que, a su juicio, se han aprovechado del sistema estadounidense durante décadas.
Trump también aprovechó su comparecencia para confirmar que los aranceles de seguridad nacional bajo la sección 232 y los gravámenes existentes de la sección 301 mantienen su vigencia de manera inmediata. El ejecutivo busca utilizar este entramado legal para combatir lo que denomina prácticas comerciales desleales, asegurando que estas acciones fortalecen la posición de la nación y generan un entorno de competitividad real para las industrias locales que habían quedado rezagadas.
El conflicto de poderes con la justicia federal
La situación actual ha provocado una crisis institucional de gran calado. La Corte Suprema estadounidense fue tajante al declarar ilegales los fundamentos anteriores de la administración Trump, anulando su aplicación efectiva por considerar que no existía una base jurídica sólida. La sentencia invalidaba específicamente los impuestos destinados a combatir el tráfico de drogas y los denominados «aranceles recíprocos», argumentando que el Poder Ejecutivo estaba excediendo las facultades que el Congreso otorga para la recaudación de ingresos.
El presidente de la Corte, John Roberts, ha sido una de las voces más críticas en este proceso. Roberts subrayó que la facultad de imponer aranceles pertenece constitucionalmente a la rama del poder impositivo, la cual reside en el poder legislativo. El magistrado recordó que la Constitución otorga exclusivamente al Congreso el acceso a los recursos del pueblo mediante impuestos. Por ello, cualquier delegación de ese poder hacia la Casa Blanca requiere una autorización explícita que, según el tribunal, no se ha producido en este caso.
Impacto económico y las proyecciones de recaudación
A pesar de este panorama legal adverso, Trump ha seguido adelante con la imposición de gravámenes que oscilan entre el 10 % y el 41 % bajo la figura de «aranceles recíprocos ajustados». El mandatario defiende estas tarifas como la mejor herramienta para auxiliar a los trabajadores locales y apoyar a las empresas que fabrican productos en suelo estadounidense, prometiendo un renacimiento industrial sin precedentes.
A través de su red social Truth Social, el presidente anunció que el país recibirá más de 600.000 millones de dólares gracias a estos impuestos comerciales. En sus mensajes, Trump criticó duramente a los medios de comunicación por ignorar estas cifras de recaudación que, según su visión, benefician directamente la seguridad nacional. El gobierno mantiene su postura de aplicar estos cobros de forma masiva para reequilibrar el comercio internacional de la potencia norteamericana, independientemente de las futuras batallas legales que este desafío al Supremo pueda desencadenar en los próximos meses.
www.diariorepublica.com
