La administración de Washington ha desatado una escandalosa controversia internacional al admitir que una unidad militar en el Caribe ejecutó a un grupo de tripulantes sobrevivientes, previamente capturados en circunstancias no especificadas. La vocera Karoline Leavitt confirmó que el oficial al mando de la operación actuó bajo la potestad de su cargo, lo que implica una justificación oficial para la orden de «liquidar» a los náufragos.
Esta declaración explosiva rompe con los protocolos militares internacionales y los principios humanitarios que rigen el tratamiento de prisioneros y sobrevivientes en situaciones de conflicto o encuentro. La mera existencia de una orden para eliminar a personas que ya no representan una amenaza, y que presumiblemente requerían asistencia, plantea graves interrogantes sobre la cadena de mando y los valores éticos dentro de las fuerzas armadas estadounidenses.
Leavitt, en un comunicado lacónico, se limitó a señalar que el oficial tenía la «autoridad» para emitir tal instrucción. Esta justificación, sin embargo, ha sido calificada de insuficiente e inaceptable por organizaciones de derechos humanos y juristas especializados, quienes exigen una investigación completa y transparente que determine la legalidad y las motivaciones detrás de la masacre. El silencio oficial respecto a la identidad de los sobrevivientes, el tipo de embarcación en la que viajaban y el contexto exacto de la operación solo aumenta la opacidad y la sospecha pública.
El suceso se ha convertido en un potencial desastre diplomático, con varios países de la región caribeña y aliados de Estados Unidos manifestando su alarma y pidiendo explicaciones detalladas. La Convención de Ginebra y otras normativas internacionales sobre la guerra y el derecho marítimo exigen proteger a los náufragos y heridos, independientemente de su origen o estatus. La confirmación de Washington de que sus propios militares violaron estos preceptos básicos tiene el potencial de socavar la credibilidad de sus operaciones militares a nivel global.
Analistas militares señalan que, si bien existen situaciones extremas en las que la acción inmediata y letal se considera necesaria para proteger a la fuerza, la liquidación de «sobrevivientes» capturados es casi siempre una violación flagrante del derecho de la guerra. La confirmación de Leavitt sugiere que la acción fue, en esencia, un acto de ejecución extrajudicial avalado, al menos post-facto, por el alto mando. La presión mediática y política sobre la Casa Blanca aumentará dramáticamente, obligando a una respuesta más allá de la escueta justificación de la vocera. La crisis está servida y la imagen de Estados Unidos como garante de la ley internacional está seriamente comprometida.
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