El abogado José Vicente Haro, experto en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Ciencia Política, analizó este viernes el caso del diputado aragüeño Richard Mardo. Afirmó que ha sido un asunto carente de toda lógica solicitar un antejuicio de mérito «para investigar» al legislador, cuando el orden legal es a la inversa: «Primero se investiga y luego se solicita el antejuico».
«La propia fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz reconoció que no habían elementos suficientes para afirmar que hay hechos de corrupción, y los delitos que se le atribuyen no están tipificados en la Ley contra la corrupción», explicó Haro.
El docente de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) e integrante del equipo de asesores legales del diputado Mardo, recordó el caso del expresidente Carlos Andrés Pérez. «En esa ocasión, el fiscal general Ramón Escobar Salom, llegó con una carretilla de documentos para solicitar el antejuicio, y no se necesitó separar al presidente del cargo para eso».
Por otro lado, Haro calificó el proceso como un «juicio político». Señaló cómo la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia aplicó el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), el cual reza que allanada la inmunidad se suspende al diputado y se inhabilita; «es decir que empieza el juicio con presunción de culpabilidad. Era primero necesario probar que hay delito».
Redacción DiarioRepública
