En horas de la madrugada de este lunes, las autoridades penitenciarias comenzaron la desmovilización de las 112 mujeres privadas de libertad recluidas en el anexo femenino del Injuba.
Un amplio despliegue de seguridad se activó durante la madrugada de este lunes en el Internado Judicial de Barinas (Injuba), luego de que las autoridades del sector penitenciario ordenaran el desalojo total de su anexo femenino, procediendo con la evacuación de un contingente de 112 mujeres privadas de libertad.
De acuerdo con los datos técnicos suministrados por la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), las medidas de movilización también contemplan el traslado con carácter voluntario de varios internos de la población penal masculina. De forma simultánea, se prevé el inicio de jornadas especiales de asistencia jurídica en las que jueces y fiscales del Ministerio Público instalarán mesas de revisión técnica para evaluar de forma directa los expedientes y estatus procesales de los reclusos.
En los alrededores de la instalación carcelaria se mantiene una concentración de familiares, quienes exigen a los organismos competentes información precisa y oficial sobre el destino definitivo de cada uno de los internos. Informaciones preliminares recabadas en el lugar sugieren que algunos de los autobuses cargados con la población reclusa partieron con rumbo hacia el Internado Judicial El Rodeo, ubicado en el estado Miranda. El OVP detalló de manera logística el ingreso de por lo menos nueve unidades de transporte al penal, precisando que, para las primeras horas de la mañana, tres ya habían completado su salida del recinto.
El operativo se ejecuta bajo un contexto de alta complejidad y tensión interna. Varios internos del Injuba persisten en su posición de protesta sobre las torres de vigilancia de la infraestructura. Esta acción pacífica de resistencia comenzó días atrás, cuando la población interna tomó de manera parcial varias áreas del penal para exigir formalmente la destitución del director del centro penitenciario, Elvis Macuare Guerrero, así como la del ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa.
El detonante de este conflicto carcelario, que mantiene en alerta a la región desde el pasado jueves, responde a reclamos públicos de los internos y sus parientes, quienes denuncian la presunta comisión de malos tratos, vejaciones y torturas en el interior de los pabellones. Los cuerpos de seguridad resguardan los accesos al perímetro mientras avanzan las conversaciones para canalizar las demandas y restablecer el orden definitivo en la institución.
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