El ministro Diosdado Cabello reveló la cifra de funcionarios apartados de sus cargos en los últimos dos años, mientras el Gobierno avanza en una consulta nacional para reestructurar el sistema penal y atajar problemas como el retardo procesal y la «criminalización de la pobreza».
En el marco de los avances de la consulta nacional para la reforma del sistema de justicia, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó que un total de 28.314 funcionarios policiales han sido destituidos y sometidos a juicio penal durante los últimos dos años tras comprobarse su implicación en redes de corrupción y extorsión.
El anuncio fue realizado durante una jornada de debate sobre la reestructuración judicial propuesta por Delcy Rodríguez. Durante su intervención, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello enfatizó la postura del Ejecutivo frente a las malas prácticas policiales.
“Si alguien ha enfrentado la corrupción hemos sido nosotros, tratamos de hacer el trabajo en secreto, en silencio, como debe ser. En los últimos dos años han sido retirados de los organismos y pasados a juicio 28.314 funcionarios”, aseveró el titular de la cartera de Interior y Justicia.
Asimismo, el ministro señaló que uno de los principales focos de atención dentro de la reestructuración es corregir «la discrecionalidad con la que trabajan las policías estadales y municipales», un factor que facilita las malas praxis en los cuerpos de seguridad locales.
Los desafíos del sistema penal: Enfoque social y debate técnico
Este proceso de depuración policial coincide con el despliegue de la consulta nacional iniciada el pasado 1 de junio por orden de la presidencia encargada de Delcy Rodríguez, tras reconocerse fallas estructurales dentro del Poder Judicial. El plan de reforma aborda nueve ejes temáticos fundamentales, entre los que destacan el retardo procesal, el acceso a la justicia, la ética y la independencia judicial.
De acuerdo con los diagnósticos previos presentados por Rodríguez, el sistema judicial enfrenta tres grandes desafíos críticos: la corrupción interna, la ralentización de las causas penales y la denominada «criminalización de la pobreza». Sobre este último punto, auditorías oficiales determinaron que el 68 % de la población penitenciaria en el país pertenece a los estratos económicos y sociales menos favorecidos, una asimetría que la reforma busca corregir.
Por su parte, el fiscal general, Larry Devoe, recordó que las mesas de diálogo están diseñadas para incorporar la visión de todos los actores de la vida civil, incluyendo a movimientos de derechos humanos, organizaciones comunales, campesinos, comunidades indígenas, mujeres, jóvenes y el sector laboral.
Reducción histórica en la tasa de homicidios
En materia de seguridad ciudadana, Cabello aprovechó la tribuna para ofrecer un balance sobre los índices de violencia en el territorio nacional. Según los datos oficiales recabados por el ministerio, Venezuela registra en lo que va de año una tasa de 1,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
El ministro destacó que este indicador consolida una tendencia a la baja que se ha mantenido constante durante el último quinquenio. “Nosotros no negamos que existan problemas, pero hoy día, a esta fecha, de este año, Venezuela tiene 1,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes”, concluyó, ponderando positivamente el impacto de las políticas de cuadrantes de paz y control territorial.
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