La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presentó ante la Asamblea Nacional una propuesta para actualizar el marco jurídico inmobiliario, con el fin de brindar seguridad jurídica a los propietarios y dinamizar el mercado de arrendamiento en el país.
Durante una alocución realizada este miércoles, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, elevó formalmente una solicitud a la Asamblea Nacional para reformar de manera urgente el marco legal que rige el sector inmobiliario en Venezuela. La propuesta busca dinamizar el mercado habitacional y recuperar la confianza de los propietarios, permitiendo que aproximadamente 500 mil inmuebles que se encuentran actualmente ociosos puedan ser reincorporados al circuito de arrendamiento nacional.
La mandataria argumentó que la desocupación de estas unidades responde, en gran medida, a la incertidumbre de los dueños sobre la seguridad jurídica de sus bienes. En este sentido, Rodríguez enfatizó la necesidad de actualizar las leyes vigentes para ofrecer garantías claras que incentiven la reactivación de los alquileres.
Garantías para propietarios e inquilinos
La iniciativa asegura que el Estado no solo protegerá la propiedad, sino que también velará por que los inquilinos den cumplimiento estricto a sus deberes contractuales. Esta medida surge como una respuesta directa a la necesidad de movilizar activos inmobiliarios que han permanecido fuera del mercado por temor a la desprotección legal.
Con la reforma, el Ejecutivo Nacional pretende equilibrar la relación entre las partes, estableciendo un sistema que brinde tranquilidad a los arrendadores mientras se facilita el acceso a la vivienda para la población bajo el amparo de nuevas normativas que garanticen el respeto mutuo.
Hacia la estabilización del sector
La solicitud del Ejecutivo queda ahora bajo la responsabilidad del Parlamento, donde se espera que el debate legislativo permita concretar un marco normativo que ponga fin al congelamiento de estas propiedades.
El objetivo final de esta reforma es contribuir a la estabilización económica del sector, promoviendo un entorno de confianza para la inversión y el desarrollo habitacional en todo el territorio venezolano, permitiendo que las viviendas desocupadas vuelvan a cumplir su función social y económica.
