El equipo financiero que asesora al líder del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, contrató a un veterano abogado estadounidense para buscar proteger los activos del país en el exterior, en medio de la lucha política interna por el control del gobierno, según un comunicado divulgado el domingo por la noche.
Lee Buchheit es conocido por representar a varios gobiernos y tenedores de bonos en duras renegociaciones de deuda externa. Se había retirado en febrero de este año de Cleary Gottlieblast, un bufete de abogados en Estados Unidos, que entre sus clientes incluye a bonistas venezolanos.
Su nombramiento llega pocos días después que Guaidó, quien se proclamó en enero como presidente encargado del país desconociendo al gobierno del presidente Nicolás Maduro, autorizó el primer pago de su gestión para cancelar de unos 71 millones de dólares a tenedores del bono Pdvsa 2020. El Parlamento dominado por la oposición respaldó la cancelación de esos intereses buscando proteger a Citgo, una refinería venezolana en Estados Unidos, que pasó a controlar el equipo de Guaidó, pero que está en riesgo porque es uno de los activos que garantiza el título de Pdvsa al 2020. “Nos place dar la bienvenida a Lee Buchheit al equipo que tendrá la responsabilidad de afrontar las demandas heredadas contra de la República”, dijo José Hernández, el procurador general designado por Guaidó, en un comunicado en el que apunta que el abogado estadounidense trabajará ad honorem como “asesor estratégico”.
Entre las primeras tareas de Buchheit están reuniones con funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para conseguir una medida de protección de activos que solicitó el equipo de Guaidó hace unos meses, dijo una fuente del equipo del líder opositor. También comenzará a reunirse con comités de tenedores de títulos venezolanos, aún sin iniciar alguna negociación. A fines de octubre, Buchheit fue coautor de un artículo en el que decía que Venezuela sería un candidato para beneficiarse de una posible orden ejecutiva de Estados Unidos que protege sus activos de la incautación de los acreedores.
La medida podría facilitar una “resolución ordenada” que atraiga a la mesa de negociaciones incluso a los tenedores de los fondos, reacios a aceptar pérdidas en sus tenencias, escribió Buchheit. Los asesores financieros de Guaidó buscan alguna forma de proteger a Citgo de cara al próximo pago del Pdvsa 2020 en octubre que representa unos 900 millones de dólares.
¿Cuánto margen de pago tiene Guaidó?
El más reciente informe de Torino Economics, titulado Ofensiva en Venezuela, analiza los distintos argumentos a favor y en contra del pago de la emisión del Pdvsa 2020, catalogada de ilegal por la propia Asamblea Nacional dos años antes. Además, plantea sus escenarios con respecto al próximo pago, que vence en octubre, cuyo cumplimiento parece ser inviable para el gobierno interino. No obstante, tal como plantea el economista jefe de Torino Economics, Francisco Rodríguez, en un artículo de opinión “la administración de Juan Guaidó todavía tiene opciones para salvar a Citgo del embargo”.
“Casi la totalidad del bono está en manos de inversionistas institucionales de Estados Unidos y Europa. $1.521 millones (90,3%) de las posiciones del P20 se reportan en cuentas de dinero real y listadas en Bloomberg, mientras que los $130 millones restantes (7,7%) está en manos de fondos de cobertura – que no están obligados a revelar públicamente sus posiciones –, lo que deja solo USD 33 millones, o 2,0% del total, para las posiciones locales”, detalla la firma.
“El Gobierno interino claramente no tiene la capacidad de satisfacer a todos los acreedores que pudieran reclamar su pago a través de Citgo”, señala la firma, mencionando a Crystallex y ConocoPhillips debido a las demandas que han emprendido ante tribunales internacionales por impago. “Sin embargo, aún si el gobierno interno tuviera la capacidad de pagar todos estos reclamos (para lo cual necesitaría $5,8 millardos para el pago de amortizaciones y $216 millones para el pago de intereses), probablemente esto conllevaría a que otros acreedores vayan tras estos activos”.
En otras palabras, señala la firma, si persiste el escenario actual, a la administración de Guaidó en algún momento se le acabará el dinero para pagarle a los acreedores y, dado el actual clima político, “quizás se le termine primero la voluntad de hacerlo”. No obstante, si la situación mejora, (es decir, si se logra un cambio de gobierno o se obtiene una orden ejecutiva de protección de activos por parte del gobierno de Estados Unidos) cancelar la obligación le otorga opcionalidad al equipo de Guaidó.
“Sea cual sea la validez de estos argumentos, creemos que, si este pago generó niveles nada despreciables de ruido político en un contexto de cohesión todavía alta entre miembros de la oposición, entonces el desembolso de $913 millones en octubre se enfrentará a problemas aún mayores si el statu quo actual persiste. Si la oposición no ha podido producir un cambio de gobierno en seis meses, entonces el argumento de opcionalidad en favor del pago se desvanecerá, al tiempo que el costo de cancelar será mucho más alto”, explica Torino Economics. “Por lo tanto, no esperamos que el gobierno de Guaidó honre el pago de octubre si para entonces permanece fuera del gobierno”.
Pero no todo está perdido. Para Francisco Rodríguez, economista jefe de la firma, urge el desarrollo de una nueva estrategia que permita mantener la propiedad de Citgo y que no dependa ni del apoyo de Estados Unidos, a través de una orden de protección de activos, ni de la caída rápida del gobierno de Nicolás Maduro. “En primer lugar, el gobierno interino debe elevar la solicitud de una orden de protección de activos directamente frente a la Organización de Naciones Unidas en vez de solo ante el gobierno estadounidense”, escribió en su artículo
Via Reuters/Diario Republica
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