
Por Mario Villegas
Pronto, luego de dos años de retraso y más de 560 millones de bolívares invertidos, los huesos del Libertador Simón Bolívar podrán descansar en el nuevo mausoleo cuya construcción y acondicionamiento interior y de las áreas circundantes está siendo terminada en Caracas por disposición del presidente Hugo Chávez Frías.
Hace meses que no transito por esa zona de San José, por lo cual no conozco el nuevo monumento sino por fotografías. Pero a decir verdad, y sin entrar a juzgar la decisión de construirla ni su elevado costo, la moderna e imponente estructura contribuye a enriquecer la panorámica arquitectónica de la ciudad.
Según la retórica oficialista, de lo que se trata con esta obra es de darle jerarquía y honrar como bien se merece la memoria del Padre de la Patria y Libertador de varias naciones, cuya osamenta reposa en el viejo Panteón Nacional sin las condiciones adecuadas y con buenas y malas compañías. Las vocerías chavistas alegan que ahí conviven los restos de Bolívar con los de algunos héroes y los de otros que no lo son. De allí que siempre pongan énfasis al señalar que en el nuevo mausoleo Bolívar estará solo solito.
Como, según estipula la Constitución, toda persona es inocente hasta prueba en contrario, hemos de presumir la buena fe de los funcionarios que, desde el Presidente para abajo, han insistido en que en ese mausoleo no será depositado ningún otro cuerpo sino el del Libertador.
Por consiguiente, es de suponer que la jerarquía chavista, otra vez del presidente Chávez para abajo, así como también el liderazgo de la oposición, no tendrían ningún reparo en acoger la siguiente idea: que la Asamblea Nacional dicte una ley mediante la cual quede absolutamente prohibido sepultar en ese monumento, bien sea ahora o en el futuro, a ningún otro personaje distinto a Simón Bolívar.
Con semejante ley, los venezolanos tendríamos la garantía de que ningún otro mortal, de los de ahora o de los que vengan, por muchos méritos que tenga o presuma tener, sea enterrado allí y elevado a la misma o a superior jerarquía del Libertador, bien sea por propia decisión o por la de los consabidos adulantes u oportunistas que nunca faltan.
Para blindarla frente a coyunturales mayorías partidarias, una ley de esta naturaleza debería tener rango orgánico, de modo que no pudiese ser modificada o derogada sino por las dos terceras partes de los diputados a la Asamblea o por referendo popular abrogatorio.
¿Habrá algún parlamentario, sea de la oposición o del gobierno, que se anime a presentarla?