Por Tamara Sujú
Venezuela entró esta semana en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ocupando uno de los 3 puestos que le tocan a la región Latinoamericana y del Caribe, postulación que había hecho junto con Brasil y Argentina. El Consejo esta integrado por 47 países y son elegidos por la Asamblea General por un periodo inicial de 3 años, prorrogables por otro igual y continuo.
En circunstancias normales, los defensores de derechos humanos estaríamos entusiasmados, si el gobierno de Chávez fuera ejemplo y referencia mundial de protección y respeto a los derechos humanos. Pero apenas acaba de denunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos con el objeto de retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de que también hubo la intención de salirnos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cosa que no ha sucedido todavía. Ambos Organismos regionales son, a los que mayormente acudimos para denunciar al Estado venezolano, cuando se nos vulneran los derechos humanos, estando además contemplado en nuestra Constitución Nacional.
Debemos recordar que el gobierno no permite que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realice una visita “In Situ” desde el año 2003 para observar la situación de los derechos humanos en nuestro país, solicitud que ha sido negada una y otra vez, además de no acatar las sentencias, resoluciones y medidas cautelares que ambos organismos interamericanos han dictado para proteger los derechos de ciudadanos venezolanos.
La misma Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay, instó a Venezuela a reconsiderar la decisión de salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que según sus propias palabras, podría representar un serio revés para la protección de las garantías fundamentales en Venezuela y toda la región, agregando además que ambos organismos –la Corte y la Comisión- han desempeñado un papel importante en la historia democrática de la región y en la protección de los derechos de los grupos vulnerables, como pueblos indígenas, defensores de los derechos humanos y periodistas.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que Venezuela ocupará un puesto a partir del 1ro de Enero del año 2013, realiza un examen periódico sobre la situación de los derechos humanos de los países miembros de la ONU (EPU), examen al que fue sometido nuestro país, en el último trimestre del pasado año. El Consejo consignó 199 recomendaciones al estado venezolano realizadas por más de 70 países del mundo, en materia de protección de los Derechos Humanos, de las cuales el gobierno acepto 97 y rechazo 52, por considerarlas de “intromisión internacional o extranjera en asuntos internos y a la soberanía y autonomía nacional”.
Entre las recomendaciones rechazadas recordaran ustedes que en su mayoría fueron aquellas referentes a la falta de independencia del poder judicial, las referentes a la libertad de expresión, a la protección de los defensores de derechos humanos y ONG´S, argumentando que estas denuncias están “ llenas de mala intención y mal fundamentadas según la realidad que vive la población venezolana en la consolidación del respeto, promoción, realización y primacía de los derechos humanos en las políticas públicas que se están implementando”.
Nos preguntamos por ejemplo, donde esconderá el gobierno venezolano, ahora flamante miembro del Consejo de DDHH de la ONU, el caso de la Juez María Lourdes Afiuni, que el mismo Ban Ki Mon, Secretario General de las Naciones Unidas, mencionara en su informe anual, y por el cual se han pronunciado a lo largo de estos casi 3 años de su detención, diferentes instancias de la ONU como el grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias; la Relatora Especial para la independencia de los jueces y abogados y el Relator Especial contra la tortura y otras formas de trato o penas crueles, inhumanas o degradantes. Seria bueno que las ONG´S de DDHH acreditadas ante dicha Organización Internacional, se preparan para llevar los casos de los ciudadanos venezolanos que han acudido a la Corte y a la Comisión Interamericana de DDHH y cuyas sentencias, resoluciones y medidas han sido toreadas, rechazadas y olvidadas por el gobierno, como por ejemplo el caso del Amparo, el caso del General Francisco Usón, el caso de Leopoldo López, el Caracazo, el caso de Raúl Díaz, el caso de RCTV y sus trabajadores, el caso de los 22 mil empleados de PDVSA despedidos y los que se les robo sus prestaciones y su fondo de pensiones, entre tantos otros.
Creo sensato, que como nuevo miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el gobierno nacional decrete una Amnistía para TODOS los presos y perseguidos políticos, sin ningún tipo de salvedad ni objeción, como muestra de que ocupará dicho puesto, reconociendo y subsanando las violaciones que ha cometido en contra de sus adversarios. También debería comprometerse al decretar ésta Amnistía, a cesar en lo adelante, cualquier persecución por motivos políticos en nuestro país. Si no es así, el puesto que Venezuela ocupará a partir del año que viene en el Consejo de DDHH de la ONU, equivaldrá a darle a Drácula un puesto en un Banco de Sangre. La ley entra por casa.