ALBA califica de «piratería» y «saqueo» la incautación de petrolero por Estados Unidos
La confiscación de un buque petrolero venezolano en aguas internacionales por parte de Estados Unidos ha desatado un nuevo y grave episodio de tensión en el escenario geopolítico. Tras la acción unilateral anunciada por la administración estadounidense, el bloque de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), conformado por diez países, ha reaccionado con una condena enérgica y una exigencia de restitución inmediata del navío.
En un comunicado oficial de contundencia diplomática, la alianza calificó la medida estadounidense como un acto de «vulgar piratería» y una flagrante «violación del derecho internacional». La ALBA-TCP denunció que la incautación constituye un ataque directo contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela y sienta un precedente diplomático de alta preocupación para la región y el sistema multilateral.
Los países miembros de la alianza señalaron que este hecho se suma a un patrón de despojo, haciendo mención explícita al «despojo criminal de Citgo», la filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos, la cual se encuentra actualmente en un proceso de subasta judicial. La ALBA-TCP subrayó que la confiscación del buque venezolano refleja una estrategia de saqueo sistemático, cuya finalidad es apropiarse de manera ilegítima de recursos energéticos vitales, lo que incrementa peligrosamente la tensión política y económica regional.
El bloque bolivariano ratificó su respaldo total al pueblo y Gobierno de Venezuela frente a lo que calificó como una «agresión imperial». «Rechazamos con absoluta firmeza estas acciones que buscan asfixiar económicamente a una nación soberana, contraviniendo todos los principios de convivencia pacífica entre los Estados», reza el documento.
Preocupación en organismos internacionales
Ante la gravedad del incidente, la ALBA-TCP elevó un llamado urgente a organismos multilaterales, regionales y globales para que se pronuncien de manera perentoria. El bloque exhorta a estas instancias a manifestar su rechazo ante esta «violación abierta de la legalidad internacional y el derecho soberano» que amenaza la estabilidad de la zona.
La polémica se originó cuando el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la intercepción y confiscación del buque frente a las costas venezolanas. “Acabamos de incautar un petrolero muy grande en la costa de Venezuela”, declaró Trump durante una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca, confirmando la acción que escaló la tensión bilateral con Caracas.
Según reportes del diario The New York Times, el buque, identificado como Skipper, fue incautado por orden judicial estadounidense bajo el argumento de estar vinculado a actividades previas de contrabando de crudo iraní. Aunque la embarcación transportaba crudo venezolano, la situación se complejizó por la bandera que portaba. El petrolero confiscado enarbolaba falsamente la bandera de Guyana, país vecino que ha respaldado el despliegue militar estadounidense en el Caribe. Sin embargo, el Departamento de Administración Marítima de Guyana emitió un comunicado oficial desmintiendo cualquier vínculo, al aclarar que el buque Skipper «no está registrado en ese país».
La confiscación del buque venezolano se consolida así como un nuevo foco de inestabilidad internacional, con las denuncias de piratería económica y los reclamos de soberanía que mantienen la crisis en un estado de escalada abierta. La comunidad internacional observa con cautela, mientras la ALBA-TCP insiste en la necesidad de la inmediata devolución y el cese de lo que consideran una guerra económica contra Venezuela.
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