A tan solo 30 días de su promulgación, la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática alcanza a 8.068 personas, consolidándose como un eje estratégico para el reencuentro nacional y la estabilidad política del país.
El proceso de distensión política en el país ha dado un paso firme. Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento, presentó este 20 de marzo un balance positivo sobre la ejecución de la Ley de Amnistía, destacando que los resultados obtenidos en apenas un mes de vigencia son un «aporte notable» para la paz social.
De acuerdo con las cifras oficiales, de las 11.396 solicitudes validadas, un total de 8.068 ciudadanos han recibido el beneficio de libertad plena. El desglose de la cifra revela el alcance de la medida:
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260 personas que se encontraban tras las rejas han recuperado su libertad absoluta.
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7.808 ciudadanos que mantenían medidas cautelares (restricciones de movimiento o presentaciones judiciales) han visto sus causas cerradas definitivamente.
Justicia sin impunidad
La normativa, que abarca hechos ocurridos entre enero de 2017 y febrero de 2026, mantiene un equilibrio riguroso entre la reconciliación y la justicia. El artículo 9 de la ley es enfático: no habrá perdón para delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de guerra, homicidios intencionales ni casos de corrupción o narcotráfico.
«Esta no es una ley de impunidad; es un instrumento de justicia selectiva y reparadora», señalaron fuentes de la comisión, subrayando que cada caso es verificado por tribunales competentes en un lapso máximo de 15 días.
Llamado a la participación internacional
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, extendió una invitación a los venezolanos que se encuentran en el exterior. Aquellos que deseen optar a los beneficios de esta ley pueden formalizar su petición a través de los canales digitales y consulares dispuestos por la Comisión de Seguimiento para su debida evaluación técnica.
Con este avance, el Estado busca cerrar ciclos de conflictividad y avanzar hacia un escenario de convivencia democrática plena de cara al futuro inmediato del país.
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