
La defensa de la funcionaria oficialista presentará una querella por injurias luego de que el comisionista español se negara a retractarse de sus afirmaciones sobre un supuesto sobre de PDVSA destinado a la organización política de Pedro Sánchez.
La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez interpondrá una querella por injurias contra el empresario español Víctor De Aldama. La decisión se tomó luego de que este lunes, durante un acto de conciliación en un juzgado de Madrid, el abogado del comisionista confirmara que su cliente mantiene sus declaraciones respecto al supuesto envío de fondos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) para financiar al Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Ante la negativa de retractación, los representantes legales de Rodríguez —pertenecientes al bufete del exjuez español Baltasar Garzón— avanzarán con la vía judicial contra De Aldama, según confirmaron fuentes jurídicas a la agencia EFE.
El origen de la disputa radica en las afirmaciones de De Aldama, quien asegura que Rodríguez le entregó un sobre marrón vinculado a la estatal petrolera venezolana. Según su versión, estos fondos habrían tenido como destino la financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista, organizaciones presididas por el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.
El polémico sobre —en cuyo remitente figuraría el expresidente de PDVSA, Manuel Quevedo, y Rodríguez como destinataria— fue entregado por De Aldama en marzo pasado en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional de España. Dicha causa indaga presuntos pagos en efectivo realizados a dirigentes y empleados de la organización socialista entre 2017 y 2024, bajo sospechas de blanqueo de capitales.
De Aldama ya había mencionado la existencia de este sobre ante medios de comunicación y en una declaración judicial el pasado mes de febrero vinculada a un caso de fraude fiscal de hidrocarburos.
Cabe destacar que el empresario fue condenado recientemente a cuatro años y medio de prisión por su implicación en el cobro de comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia —un caso en el que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, recibió una pena de 24 años de cárcel—. No obstante, debido a su colaboración con la justicia para desmantelar la red de corrupción, De Aldama logró una reducción sustancial de su condena que evitará su ingreso en prisión.
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