El diputado Jorge Arreaza confirmó que el proceso de excarcelaciones sigue en curso y que las solicitudes de beneficio se duplicaron en las últimas 24 horas, alcanzando más de 6.400 peticiones en todo el país.
A pocos días de su entrada en vigor, la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional (AN) ya arroja sus primeros resultados operativos. El diputado oficialista Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria encargada de supervisar la norma, informó este jueves que un total de 185 personas privadas de libertad han abandonado los centros de reclusión tras la aplicación de esta medida de gracia.
Durante una sesión ordinaria del Parlamento, Arreaza destacó que el proceso administrativo «sigue en pleno desarrollo» y que el interés ciudadano por la ley ha crecido exponencialmente. Según el legislador, el número de solicitudes recibidas pasó de 3.000 a 6.487 en apenas 24 horas, lo que refleja la magnitud del alcance esperado de este instrumento legal.
Cese de medidas cautelares para miles de ciudadanos
Más allá de las excarcelaciones, el parlamentario detalló que la ley ha tenido un impacto masivo en personas que se encontraban bajo procesos judiciales abiertos. Hasta la fecha, se han otorgado libertades plenas a 3.266 ciudadanos que mantenían medidas cautelares, tales como:
Regímenes de presentación periódica ante tribunales.
Prohibiciones de salida del país.
Restricciones para declarar ante medios de comunicación.
Alcance y limitaciones de la norma
La ley, que fue respaldada por unanimidad en el Legislativo, permite la revisión de casos ocurridos en un extenso periodo que abarca desde 1999 hasta 2026. No obstante, el texto legal es específico al enumerar 13 hechos determinados, lo que excluye automáticamente ciertos expedientes, especialmente aquellos vinculados a operaciones de carácter militar.
Arreaza admitió que, debido a la complejidad de los procesos, es «imposible» que la ley cubra la totalidad de los casos políticos o judiciales del país, subrayando que el rol de la comisión parlamentaria será evaluar situaciones que no estén contempladas de forma taxativa en el documento original.
Contraste de cifras y plazos legales
La normativa establece un plazo máximo de 15 días para que los tribunales competentes den respuesta a las solicitudes. Mientras el Gobierno central aún no publica un listado oficial de los beneficiados, la organización no gubernamental Foro Penal documentó, hasta el cierre del martes, al menos 109 excarcelaciones verificadas desde que se iniciaron los operativos el pasado viernes.
El Parlamento se mantiene en sesión permanente para monitorear el cumplimiento de los plazos procesales y garantizar que el sistema judicial agilice las respuestas ante el aluvión de nuevas peticiones.
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