La Comisión Parlamentaria de la Asamblea Nacional reportó que, tras procesar más de 11.000 solicitudes, se ha otorgado el beneficio a personas bajo medidas cautelares y privados de libertad, mientras organizaciones civiles y la ONU exigen mayor transparencia en el registro de beneficiarios.
La Asamblea Nacional (AN) informó que más de 8.000 personas obtuvieron libertad plena durante el primer mes de vigencia de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero. Según el balance presentado por el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión encargada de supervisar su aplicación, los resultados representan un avance significativo en la agenda legislativa actual.
De acuerdo con las cifras oficiales, del total de beneficiados, 7.808 personas se encontraban bajo medidas cautelares, mientras que 260 ciudadanos estaban privados de libertad antes de acceder al beneficio. En total, el Parlamento recibió y validó 11.396 solicitudes que se ajustaron a los delitos y períodos contemplados en la normativa vigente.
Resultados y objetivos del proceso
Arreaza aseguró que la medida busca contribuir a la estabilidad política y al reencuentro nacional. El diputado destacó que, más allá de las polémicas, los resultados son notables y constituyen un aporte directo a la paz social. No obstante, el proceso no ha estado exento de críticas por parte de organismos internacionales.
Demandas de transparencia y acceso a la información
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, ha solicitado acceso al registro completo de los beneficiarios, debido a que las autoridades aún no han publicado un listado oficial. Organizaciones civiles advierten que esta opacidad dificulta el control ciudadano y genera incertidumbre entre los familiares de los involucrados, recordando que la ley excluye delitos de corrupción, homicidio y violaciones graves a los derechos humanos.
Propuesta de descentralización judicial
En paralelo, ONG como Justicia, Encuentro y Perdón, junto a Alerta Venezuela, sostienen que la amnistía no aborda las causas estructurales de la persecución política. Ante esto, más de 50 organizaciones han solicitado al Tribunal Supremo de Justicia la creación de tribunales itinerantes. El objetivo es reducir los costos de traslado a la capital, los cuales pueden superar los 120 dólares, facilitando así que los beneficiarios en distintas regiones tramiten su libertad sin barreras económicas.
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