La preocupación regional se intensifica ante la continuidad del masivo despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe, el cual sigue activo a pesar de que el plazo de 60 días para cesar las acciones sin autorización del Congreso expiró el pasado lunes 3 de noviembre.
Desde el mes de agosto, Estados Unidos mantiene una presencia significativa que incluye alrededor de ocho buques de guerra (seis de ellos destructores), tres buques anfibios y un submarino. Expertos en la materia califican este movimiento como el mayor despliegue marítimo de Washington en la región desde la primera guerra del golfo Pérsico (1990-1991). A este contingente se sumó, el 24 de octubre, el envío del portaaviones Gerald Ford y su grupo de ataque al área de operaciones del Comando Sur, por orden directa del Pentágono.
Los Gobiernos de Venezuela, Colombia y Cuba han manifestado su firme rechazo a esta escalada militar. De forma reiterada, han alertado sobre la grave amenaza que representa este despliegue para la estabilidad y la paz regional.
Las naciones afectadas señalan que, a pesar de la justificación oficial de enfrentar el tráfico de drogas, estas acciones constituyen en realidad una política de fuerza e intimidación dirigida hacia gobiernos de la región que sostienen posiciones soberanas o contrarias a los intereses de Washington.
Ante esta situación, los líderes regionales han enfatizado la urgencia de preservar a América Latina y el Caribe como una «Zona de Paz», un principio fundamental que fue proclamado durante la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada en La Habana en 2014.
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