El Tribunal Supremo Popular de Cuba ha emitido una sentencia de cadena perpetua contra el exministro de Economía y antiguo viceprimer ministro, Alejandro Gil Fernández. El fallo judicial, que culmina un proceso iniciado con su destitución en febrero de 2024, lo declara culpable de una decena de graves delitos, incluyendo «traición a la patria,» espionaje y corrupción.
La condena impone además una pena adicional de 20 años por una causa secundaria. La sentencia marca el fin de un caso que ha estado caracterizado por el hermetismo oficial y que expone las tensiones internas en la cúpula del poder cubano.
Acusaciones Clave y Daño a la Economía
Gil Fernández, quien hasta hace poco era considerado uno de los colaboradores más cercanos del presidente Miguel Díaz-Canel, fue señalado por el Tribunal de haber «engañado al Gobierno y al pueblo,» causando graves daños a la economía nacional.
El exfuncionario fue la cara visible de la Tarea Ordenamiento, la reforma monetaria de 2021 que prometía modernizar el país, pero que en la práctica terminó por agravar la severa crisis económica.
Según el comunicado oficial, las acusaciones específicas contra Gil incluyen:
Manejo y sustracción de información clasificada que fue puesta en manos de “servicios enemigos”.
Uso de sus funciones para obtener beneficios personales y recibir dinero desde el extranjero.
Soborno a otros funcionarios del Estado.
Como parte de la pena, se ha ordenado la confiscación de todos sus bienes y se le ha prohibido ejercer cargos con responsabilidad administrativa o acceso a recursos públicos.
Dudas sobre la Responsabilidad Compartida
A pesar de que la Fiscalía aseguró en octubre que las investigaciones se llevaron a cabo «con debido proceso,» expertos consultados plantean dudas sobre el alcance de su responsabilidad individual. El economista Ricardo Torres señaló que los delitos económicos atribuidos a Gil difícilmente pudieron haberse cometido sin el conocimiento de otros altos cargos, sugiriendo que «es una responsabilidad compartida,» dado que las medidas económicas cruciales se aprueban en las más altas instancias del Gobierno.
La sentencia contra Alejandro Gil evidencia las fracturas en la cúpula, en un momento de fuerte crisis económica y creciente descontento social. Para la ciudadanía, la escasa información oficial en torno a este proceso judicial, uno de los más relevantes de los últimos años, continúa generando más preguntas que respuestas.
Diariorepublica.com
