La máxima representante del gobierno interino y una delegación de la organización internacional encabezada por Federico Borrello evaluaron medidas orientadas a la pluralidad de expresión y la cooperación institucional, en una reunión donde HRW reafirmó sus exigencias sobre garantías judiciales y liberación de detenidos.
Con el propósito de revisar las líneas de acción en materia de garantías fundamentales, el gobierno interino sostuvo este jueves 17 de septiembre un encuentro en Caracas con una delegación de la organización Human Rights Watch (HRW), liderada por su subdirector global, Federico Borrello, según informó el Ministerio para la Comunicación e Información.
De acuerdo con la versión oficial difundida por el canal institucional y reseñada por Mundo Unión Radio, la reunión se centró en la agenda orientada al «fortalecimiento» de los derechos humanos y en la adopción de medidas destinadas a «favorecer la pluralidad de expresión y la convivencia democrática», formando parte de los esfuerzos orientados a promover el diálogo con organismos internacionales. Por parte del Ejecutivo nacional participaron Félix Plasencia, ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional; Oliver Blanco, viceministro para Europa y América del Norte; y Ana María Sanjuán, secretaria Ejecutiva del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.
Postura de la organización internacional
El acercamiento diplomático se produce en paralelo a los señalamientos que HRW ha mantenido de manera constante sobre el escenario de las garantías civiles en el país. Cabe destacar que, en febrero de 2026, la oenegé solicitó públicamente a las autoridades venezolanas emprender reformas profundas en las instituciones judiciales y electorales, además de derogar normativas consideradas restrictivas, garantizar el debido proceso y avanzar en vías legales para desestimar cargos contra procesados por motivos políticos.
Asimismo, en su Informe Mundial 2026 —el cual evalúa los acontecimientos registrados a lo largo del año precedente—, el organismo documentó diversas denuncias sobre detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de expresión, afectaciones a portales informativos y ataques dirigidos contra defensores de derechos humanos, manteniendo sobre la mesa sus exigencias de supervisión internacional.
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