La Presidenta Encargada advirtió que sectores en EE. UU. y Europa intentan «descarrilar» el proceso de reconciliación nacional, mientras organismos independientes reportan una brecha entre las excarcelaciones condicionales y las liberaciones plenas bajo la nueva norma.
En un acto celebrado en el Palacio de Miraflores junto a «víctimas de la violencia política», la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, defendió este lunes el alcance de la Ley de Amnistía y denunció la existencia de supuestas conspiraciones orquestadas desde el exterior para sabotear el actual clima político del país.
Rodríguez aseguró que sectores de la oposición, a quienes no mencionó por nombre pero ubicó geográficamente en Estados Unidos y Europa, están interpretando el beneficio jurídico desde una perspectiva de «derrota partidista» en lugar de convivencia. «Ya tienen planes para descarrilar este proceso y en su debida oportunidad los voy a mostrar al país», aseveró la mandataria, enfatizando que el objetivo del Gobierno es garantizar la «no repetición» y una justicia genuina.
Un «nuevo momento político» tras la captura de Maduro
La mandataria enmarcó la amnistía dentro de una etapa de «sanación» iniciada tras la captura de Nicolás Maduro. En este contexto, hizo un llamado a los venezolanos en el exterior a regresar al país, insistiendo en que la revisión de casos judiciales busca cerrar ciclos de odio. «Ya basta, este proceso hay que cuidarlo», sentenció ante la audiencia.
Cifras en contraste: Ejecución vs. Realidad jurídica
La implementación de la ley, aprobada el pasado 19 de febrero, presenta datos que varían según la fuente consultada:
Balance Oficial: El diputado Jorge Arreaza, jefe de la comisión parlamentaria para la amnistía, informó que hasta la fecha 2.021 personas con medidas cautelares y 177 privados de libertad han sido beneficiados por la norma.
Registro Independiente: La ONG Foro Penal contabiliza 65 liberaciones específicas desde la entrada en vigor de la ley. No obstante, la organización aclara que la mayoría de los casos recientes (464 desde enero) han sido excarcelaciones condicionales y no libertades plenas, manteniendo restricciones como la prohibición de salida del país.
El desafío de los «presos políticos»
A pesar de la narrativa gubernamental de reconciliación, organizaciones de derechos humanos advierten sobre las exclusiones. Foro Penal estima que al menos 400 detenidos bajo motivos políticos podrían quedar fuera del alcance de la amnistía por la tipificación de sus delitos. Según sus registros, más de 600 personas continúan encarceladas, mientras que el Ejecutivo sostiene que todos los procesados han cometido delitos comunes y no son prisioneros de conciencia.
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