
Ante la declaración de culpabilidad de Alex Saab en una corte estadounidense por blanqueo de capitales, la dirección del Partido Comunista de Venezuela (PCV) instó este martes al Ministerio Público a romper el hermetismo institucional y abrir una investigación penal que esclarezca los señalamientos que involucran al diputado y exgobernador José Gregorio Vielma Mora.
Las repercusiones legales y políticas en torno al proceso judicial que enfrenta el empresario colombiano Alex Saab en los Estados Unidos continúan generando reacciones en el escenario nacional. En una rueda de prensa celebrada este martes, el dirigente del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Yul Jabour, cuestionó severamente la falta de pronunciamiento oficial por parte del Ejecutivo nacional y de los órganos del sistema de justicia ante la gravedad de los hechos confesados en el exterior.
Durante su alocución, Jabour emplazó de manera directa al Ministerio Público para que confirme si existe un expediente abierto en relación con las revelaciones del empresario, enfatizando la necesidad de una respuesta transparente del Estado.
«Aún no se ha informado a los venezolanos sobre las acciones frente a una noticia de esta magnitud que implica un delito público», aseveró el representante comunista, exigiendo que se determine formalmente la situación del diputado y exgobernador José Gregorio Vielma Mora, cuyo nombre fue citado explícitamente dentro de la documentación del caso en EE. UU.
Confesión, trama CLAP y cooperación judicial
Alex Saab se declaró formalmente culpable el pasado 15 de septiembre ante un tribunal de los Estados Unidos de cargos vinculados al lavado de dinero y transacciones ilícitas. Conforme a los detalles divulgados sobre el acuerdo judicial, el empresario admitió su rol central en una red de corrupción estructurada alrededor del programa de distribución de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
La investigación judicial detalla que dicha estructura operó mediante el desvío de recursos, el pago sistemático de sobornos a funcionarios del Estado venezolano y la transferencia de fondos ilícitos hacia entidades bancarias en el sur de la Florida. Asimismo, como parte del pacto con la fiscalía norteamericana, Saab se comprometió a entregar información sobre redes de funcionarios presuntamente coludidos con la trama, a cambio de una eventual reducción de su condena.
Las revelaciones han acrecentado la presión de diversos sectores de la sociedad civil y fuerzas políticas para que las instituciones competentes del país inicien averiguaciones independientes sobre las operaciones y personajes mencionados en los tribunales estadounidenses.
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