La medida, que deroga la normativa vigente desde 1999, busca captar capitales internacionales en el sector aurífero y minero bajo un nuevo marco de cooperación bilateral con los Estados Unidos.
En un acto transmitido por la señal de Venezolana de Televisión (VTV), Delcy Rodríguez formalizó este jueves la promulgación de la nueva Ley Orgánica de Minas. El instrumento legal, aprobado recientemente por unanimidad en la Asamblea Nacional, representa un giro estratégico en la política económica del país al abrir formalmente el sector a la participación de capitales privados y extranjeros.
Un nuevo marco jurídico y operativo
La normativa, compuesta por 131 artículos, deroga la ley establecida por decreto en 1999. El cambio legislativo tiene como eje central la creación de la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera (Sunamin), organismo que se encargará de coordinar y fiscalizar cada etapa del proceso, desde la inversión inicial hasta la comercialización final.
“Esta ley permitirá captar importantes inversiones y ofrece garantías sólidas a quienes deseen participar en el desarrollo del sector. El objetivo es que la producción esté completamente coordinada para un mejor desempeño económico”, señaló Rodríguez durante el encuentro con autoridades del área.
Cooperación internacional y el interés de EE. UU.
La promulgación de esta ley ocurre en un contexto de recomposición de las relaciones diplomáticas. Rodríguez expresó su reconocimiento a la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, y a su secretario de Estado, Marco Rubio, por la disposición de avanzar hacia nexos de cooperación económica adaptados a la realidad actual del mercado global.
Este acercamiento se produce tras la visita a Caracas del secretario de Interior de EE. UU., Doug Burgum, y la posterior emisión de licencias por parte del Departamento del Tesoro que autorizan a empresas norteamericanas a participar en la explotación y comercialización de oro venezolano.
Crecimiento y proyecciones
La líder resaltó que el sector minero ya viene mostrando señales de dinamismo, con un crecimiento registrado del 10,9 % durante el año anterior. Con este nuevo marco jurídico, el Ejecutivo proyecta una aceleración de la actividad, apalancada por la experiencia técnica y el músculo financiero de empresas internacionales que han manifestado su interés firme en operar en los yacimientos nacionales.
Diariorepublica.com
