El Gobierno español ha solicitado formalmente a la recién nombrada presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la inmediata liberación de los ciudadanos españoles considerados «presos políticos» en la nación caribeña.
La gestión diplomática se efectuó inmediatamente después de la toma de posesión de la que fuera vicepresidenta de la República, asumiendo la dirección del país tras la detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. Maduro fue trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta serias acusaciones por narcotráfico y otros delitos graves. Según adelantó el diario digital El Español y confirmaron posteriormente fuentes oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, la petición se concretó mediante una «nota verbal» enviada al nuevo Gobierno venezolano.
Esta acción busca subrayar, en el contexto de la nueva realidad política venezolana, que España «no va a cejar» en sus esfuerzos continuos para garantizar la libertad y el respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos. Delcy Rodríguez juró su cargo el pasado lunes ante la Asamblea Nacional, marcando un giro en la cúpula del poder ejecutivo tras la intervención militar estadounidense que resultó en la detención de Maduro.
Aunque el Gobierno español, a través de su ministro de Exteriores, José Manuel Albares, expresó previamente una postura muy crítica ante la intervención militar de Estados Unidos, también anunció su intención de dialogar con Delcy Rodríguez. El objetivo principal de España en la región trasciende la crisis política y abarca intereses empresariales significativos, además de la responsabilidad de proteger a una nutrida colonia de aproximadamente 150.000 ciudadanos españoles residentes en Venezuela.
El Ejecutivo español ha reafirmado, además, su compromiso de mantener una interlocución constante y fluida con los diferentes líderes de la oposición venezolana. Esta estrategia dual busca fomentar un diálogo inclusivo que pueda desembocar en una estabilidad política y social duradera para el país.
La preocupación por los detenidos es una prioridad constante. El Gobierno de España ha confirmado que catorce personas con nacionalidad española permanecen detenidas de forma «arbitraria» en diversas cárceles venezolanas. La mayoría de estos ciudadanos poseen doble nacionalidad y han nacido o residen habitualmente en Venezuela. Estas cifras son consistentes, aunque ligeramente inferiores, a las mencionadas en septiembre de 2025 por organizaciones de derechos humanos como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) y el partido Vente Venezuela, que señalaron la existencia de cerca de veinte ciudadanos españoles encarcelados por motivaciones políticas.
Uno de los expedientes más notorios en la lista de detenciones recientes es el de José María Basoa y Andrés Martínez Adasme. Ambos fueron detenidos en septiembre de 2024 y acusados por el régimen de pertenecer a los servicios secretos españoles y de planificar supuestamente un atentado contra la vida de Nicolás Maduro, un señalamiento que España ha negado categóricamente. La liberación de estos detenidos y la garantía de un proceso judicial justo y transparente para todos los ciudadanos españoles en Venezuela se mantienen como los principales puntos de la agenda diplomática de España en esta nueva etapa política venezolana. La comunidad internacional observa atentamente los movimientos de Rodríguez y si su Gobierno responderá positivamente a la urgencia humanitaria planteada por la Unión Europea y España.
www.diariorepublica.com
