Las autoridades colombianas desplegaron al Ejército en la capital del departamento de Norte de Santander para frenar la ola de violencia generada por grupos armados, tras el crimen del precandidato a la Alcaldía Miguel Armando Castellanos Serrano.
El Gobierno de Colombia ordenó la militarización inmediata de la ciudad de Cúcuta y la intensificación de las labores de vigilancia en el departamento de Norte de Santander. La decisión gubernamental responde al homicidio del precandidato a la Alcaldía de la capital nortesantandereana, Miguel Armando Castellanos Serrano, así como al incremento de atentados registrados en la zona fronteriza.
Un atentado planificado
El hecho ocurrió el pasado lunes 26 de octubre en el Anillo Vial Occidental de Cúcuta. De acuerdo con los reportes de la Policía Nacional, los agresores provocaron un choque de baja intensidad contra la camioneta en la que se desplazaba el dirigente político. Al descender del vehículo para constatar el impacto, varios sujetos armados abrieron fuego contra él de forma directa. Castellanos Serrano, quien también se desempeñó como secretario de Gobierno local, falleció en el lugar de los hechos, mientras que un menor de edad que lo acompañaba resultó ileso.
Despliegue de las Fuerzas Militares
Ante la gravedad del crimen y los ataques posteriores con artefactos explosivos registrados cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander, la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa dispusieron el envío de tropas adicionales del Ejército Nacional. Las unidades militares desarrollarán patrullajes conjuntos con la Policía en los barrios de mayor riesgo, en los corredores viales y en los pasos de la frontera con Venezuela para prevenir nuevas incursiones criminales.
Acciones y recompensas
Las autoridades locales y la Policía de Cúcuta anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos colombianos para la persona que proporcione información veraz sobre los autores materiales e intelectuales del homicidio. Asimismo, el mando policial habilitó líneas telefónicas confidenciales para recibir las denuncias de la ciudadanía.
El mandatario nacional sostuvo que no permitirá que las estructuras del crimen organizado sigan afectando la tranquilidad de las familias en el oriente colombiano. Las medidas de control se mantendrán vigentes de forma indefinida mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables.
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